La trama se espesa, además, al considerar tres agravantes. La primera es que, como recién escribió Julio Ríos , la reforma engendrada por Zaldívar con el apoyo del lopezobradorismo permite el control “del Poder Judicial, sus magistrados y jueces, a partir de la toma gradual de la mayoría de asientos en la suprema Corte y la Judicatura” y “de jueces y magistrados a partir de procedimientos administrativos y disciplinarios, además de mecanismos jurisprudenciales”. La segunda es la abultada cantidad de asuntos clave que están esperando resolución judicial: amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad respecto a reformas, actos de autoridad, a prácticamente la totalidad de la agenda lopezobradorista en el poder. Y la tercera es que, según el modelo de Oraculus , hay una probabilidad de 54% de que en las próximas elecciones la coalición del presidente (Morena, PT y PVEM) no consiga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
A la luz de esas circunstancias, es posible entender mejor la lógica política detrás de la maquinación del transitorio. Por un lado, tratar de asegurar la continuidad de un ministro presidente afín que ejerza su influencia para ayudar al lopezobradorismo con la avalancha de litigios que se acumulan en su contra. Y, por el otro, ir poniendo a prueba una vía legislativa para vulnerar la Constitución por debajo, es decir, a través de reformas que solo requieran mayoría simple en vez de calificada a sabiendas de que la Corte, domesticada por Zaldívar, no las echará para atrás.
