Todos los servidores públicos tenemos el deber de guardar la Constitución, una responsabilidad que juramos cumplir cuando asumimos el cargo que nos han confiado las personas a las que representamos. Ante la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación que incluye un artículo transitorio ampliando el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Consejeros de la Judicatura Federal, ese deber constitucional no puede dejarse de lado. Reconozco que necesitamos un modelo de justicia que procure lo que nunca se ha logrado en México: el Estado de derecho, que es precisamente uno de los objetivos de la reforma. Pero seamos transparentes: la inconstitucionalidad no es el camino correcto.
#ColumnaInvitada | Guardar la Constitución
Necesitamos un modelo de justicia que procure lo que nunca se ha logrado en México: el Estado de derecho, pero la inconstitucionalidad no es el camino correcto.
@GabyCuevas
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Hay que ser claros: la reforma en sí misma es necesaria ante la injusticia que hoy es generalizada para la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos. Las alarmantes cifras de impunidad reflejan la realidad en la que impera el atropello a los derechos que confiere la ley.
Según datos de Impunidad Cero, la probabilidad de resolución de un delito en nuestro país es inferior al 1%. En el Índice Global de Impunidad –que elabora año con año el Centro de Estudios de Impunidad de la UDLAP con información de la ONU– México ocupa el lugar 60 de 69 países, siendo parte del grupo de Estados con impunidad muy alta para el año 2020.
Ahora, no se trata de restarle méritos al Ministro Zaldívar, a su trayectoria o a sus intenciones de velar por la procuración de justicia. En realidad, tenemos que centrarnos en cumplir con el deber que asumimos al jurar guardar la Constitución, y por la misma razón debemos velar por la fuerza del derecho y no por la imposición de la fuerza aritmética de las mayorías. Cabe resaltar que Amnistía Internacional en México ha señalado que el artículo transitorio es contrario a las disposiciones constitucionales, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho pública su preocupación sobre la transgresión que representa esta medida a nuestro texto constitucional.
Replantear y reformar al Poder Judicial de la Federación representa un esfuerzo oportuno y necesario para avanzar hacia el Estado de derecho que hace falta en nuestro país. No podemos partir desde una inconstitucionalidad que condene a muerte a la reforma. No podemos construir legalidad sin transparencia, como fue emprender un proceso en el que primero se pretendió llevar una votación directamente en el pleno de la Cámara de Diputados sin la dictaminación en las comisiones correspondientes, y sin posibilidad alguna de llevar a cabo un parlamento abierto.
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La violación a las reglas exigidas por el marco normativo que establece nuestra propia Constitución es evidente. Esta reforma no puede terminar como un ejemplo más de la ilegalidad y la arbitrariedad que diariamente vulnera a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Mantengo la convicción de que la reforma al Poder Judicial es de implementación necesaria y urgente porque busca que el sistema de impartición y procuración de justicia en nuestro país proteja a las mexicanas y mexicanos que representamos. El fin no justifica los medios; no podemos permitir que la reforma pierda su legitimidad por pasar por alto a la legalidad, por atropellar la Constitución en este camino. Por lo tanto, mi voto es por cumplir con mi juramento y obligación: “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Así, mi voto fue a favor del Estado de Derecho, de la división de poderes, y de la transparencia.
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Nota del editor: La autora es diputada federal, fue presidenta de la Unión Interparlamentaria.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
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