Como fue ampliamente conocido, en los últimos días, las dos Cámaras del Congreso de la Unión protagonizaron una de sus más vergonzosas sesiones en su historia contemporánea. El 15 de abril, mientras el pleno del Senado votaba el conjunto de nuevas leyes y reformas en materia judicial, un senador de la empresa política que lleva el nombre de “Partido Verde”, planteó, de último momento y sin aviso previo, artículos transitorios (artículos que van al final de una reforma o ley nueva para establecer cómo será su entrada en vigor). Uno de estos, el 13vo, establecía que el mandato de cuatro años del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, y los de cinco años de los otros seis consejeros de la Judicatura Federal se extendieran más allá de sus fechas originales de término.
Peligroso que Arturo Zaldívar se quede otros 2 años como presidente de la SCJN
(Foto: Cuartoscuro.com)
El problema, no menor, es que la propia Constitución establece la duración en el cargo de estos funcionarios. En el caso de Zaldívar, el artículo 97, párrafo quinto, señala que “Cada cuatro años, el Pleno (el total de ministras y ministros en conjunto) elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. Igualmente, el artículo 100, párrafo quinto, señala que “Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”.
El artículo transitorio claramente establece una violación directa a los dos artículos mencionados. Pero la votación de los morenistas quedó definida cuando el Presidente de la República, en su conferencia mañanera, indicó que la parecía bien que el Presidente de la Corte y del consejo de la Judicatura Federal se quedaran para aplicar la nueva reforma judicial. Así, en su sesión de la madrugada del día 23, una mayoría de diputados, con la bancada de Morena al frente, seguido de sus partidos aliados (excepto el PES), decidió ratificar el dictamen y convertirlo en ley vigente. La votación se efectuó aún cuando varios morenistas y miembros de la oposición advertían de la alarmante transgresión al orden constitucional y de la clara ruptura del juramento que todo diputado hace al tomar protesta.
La controvertida situación ha generado un largo debate y la exigencia de una buena parte de la opinión pública para que el Ministro Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura se deslinde de esta atrocidad y confirme su papel de defensor del orden constitucional.
Ante ello, el viernes 23, Zaldívar emitió un comunicado personal, donde mencionó que esperaría a que el asunto llegará a la Corte en un recurso de impugnación conocido como acción de inconstitucionalidad para que sus compañeras y compañeros ministros resuelvan si el artículo aprobado viola o no la Constitución.
Les comparto mi posición sobre la reforma al #PJF que acaba de ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/YxUqkrVjId
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 23, 2021
La situación abre tres escenarios: primero, que no se promueva la acción de inconstitucionalidad; segundo, que se declare inconstitucional y acabe esta desafortunada historia y; tercero, que no se alcancen los ocho votos requeridos por la Constitución para declarar la invalidez de la norma impugnada. En el primer y tercer escenario, será el propio Zaldívar, quien tendría que decidir si cumple con la Constitución o con la ampliación ilegal.
Más allá de las especulaciones posibles en razón a la trayectoria del Ministro Zaldívar como un férreo defensor de los derechos, e incluso con antecedentes importantes en contra de la ampliación ilegal de plazos políticos (2016 en el caso del mandato de cuatro magistrados del Tribunal Electoral y, en 2020 en el caso del gobernador Bonilla de Baja California), es importante reflexionar el significado de su decisión, si opta por quedarse dos años más.
La extensión de la ampliación no es irrelevante. Se trata de ampliar el periodo de Zaldívar para que éste conlcuya junto con la administración del Presdiente López Obrador. Y en esos dos años, más el que le falta, Zaldívar asumiría un control mas contundente de todo el Poder Judicial Federal, pues la reforma recién aprobada, incluye mecanismos para fortalecer el papel de la Suprema Corte como tribunal constitucional y al Consejo de la Judicatura como órgano de administración, carrera, disciplina y adscripción de todos los jueces y magistrados.
Si bien es cierto que esto sucederá con cualquiera que asuma la Presidencia de la Corte en enero de 2023, también lo es que Zaldívar ha mostrado empatía por la administración actual y por las ocurrencias del Presidente, como lo fue la Consulta para enjuiciar a los expresidentes. Cabe recordar que en el Poder Judicial Federal se encuentran detenidas múltiples políticas controversiales de la actual administración (acuerdo de militarización, Ley de Austeridad, Ley Eléctrica, Registros biomédicos para la telefonía celular, etc.).
En síntesis, de ampliar su periodo en la Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar se convertiría en un aliado incondicional más del Presidente López Obrador y, con ello, anularía el papel de la Suprema Corte de Justicia como último control en contra de los abusos y actos contrarios a la Constitución. La puerta a una dictadura quedaría abierta de par en par tanto por el aval para poder violar la Constitución cuando hace falta, como por controlar la independencia de los jueces y magistrados que actúen en contra del gobierno.
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Nota del editor: el autor es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina la Línea de Investigación en Estructuras Judiciales.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
