En 2015, la campaña #3de3 promovida por diferentes organizaciones, como Transparencia Mexicana, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y el Instituto Mexicano para la Competitividad tuvo la finalidad de exigir a las y los candidatos a algún cargo público, y a los funcionarios de gobierno en general, hacer públicas tres declaraciones: 1. La declaración patrimonial, la cual consiste en realizar una declaración de los ingresos, bienes muebles e inmuebles, rentas y adeudos durante el ejercicio público del funcionario; 2. La declaración de intereses, la cual permite identificar las actividades o relaciones de un candidato o funcionario para evitar intereses personales que podrían afectar decisiones políticas; y, 3. La declaración fiscal, la cual se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Lo que permitiría a la ciudadanía contar con más elementos para tomar decisiones políticas importantes en una elección; iniciativa ciudadana que posibilitó un piso parejo para que todos los jugadores de la competencia política tuvieran la misma oportunidad de presentarse de forma transparente ante sus electores.
De acuerdo con Pippa Norris (2012), la integridad electoral hace referencia a los principios y normas internacionales acordados sobre las elecciones, incluido el período preelectoral, la campaña, el día de la votación y la celebración de los comicios.
Desde esta perspectiva, la obligación de integridad electoral debería estar presente a diario porque se trata de la responsabilidad y la rectitud moral de los diversos actores políticos, funcionarios electorales y líderes de opinión pública que contribuyen para la realización de elecciones libres y justas. Si bien, en México, sigue siendo un reto cumplir con esa responsabilidad, a pesar de contar con un marco jurídico sobre esta materia, códigos de ética electorales y sanciones en caso de incumplimientos. Prueba de ello es lo que está ocurriendo durante el proceso electoral concurrente 2020-2021, en el que hemos visto al Presidente de México empeñado en protagonizar un ataque frontal contra el árbitro de la contienda, el Instituto Nacional Electoral (INE), dejando de lado la imparcialidad, a través de las conferencias de prensa matutinas y un discurso político retador en el que resalta que no será tan fácil para la oposición controlar el presupuesto.
Atentar contra las instituciones que han permitido el lento y difícil paso del autoritarismo a la pluralidad democrática es francamente preocupante. No solo desgasta las instituciones democráticas, sino el ánimo colectivo de esta competencia política que es particularmente compleja en medio de una pandemia.
