#ColumnaInvitada | Los efectos de la corrupción y desigualdad en las mujeres

En el contexto de una crisis sanitaria global resulta apremiante considerar políticas públicas que erradiquen los espacios para la opacidad y corrupción, como vías para solventar la emergencia. En ese sentido, la ONU advirtió que las respuestas urgentes durante la pandemia podrían crear oportunidades para la corrupción , por lo que instaron a los Estados miembros a integrar medidas de transparencia, rendición de cuentas y esquemas anticorrupción en sus paquetes de respuesta a la pandemia y en la adquisición de insumos para la salud pública.

Igualmente, a fin de materializar respuestas más integrales, que promuevan una recuperación con integridad y responsabilidad, la ONU apremió el establecimiento de políticas que empoderen e involucren a las mujeres en la toma de decisiones, políticas y estrategias.

Y es que, un reciente estudio coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito encontró que las desigualdades a las que las mujeres están sujetas se ven más agravadas por los impactos negativos de la corrupción. Este impacto diferenciado deriva de la reducción o eliminación de los presupuestos para los servicios públicos, programas y políticas de desarrollo social, lo cual tiene consecuencias directas en las mujeres, al ser ellas las usuarias mayoritarias de estas políticas públicas.

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Asimismo, otra de las razones está vinculada a las altas tasas de ocupación de las mujeres en el sector informal, ya que, al carecer de regulaciones y esquemas de seguridad social, este grupo poblacional es más vulnerable a las diversas formas de corrupción, a ser sujetas de explotación sexual, a recurrir a sistemas clientelares y a pagos de sobornos para mantener a flote su forma de vida.

Las crisis demandan medidas urgentes, pero también dichas estrategias deben considerar esquemas más responsables y responsivos con los sectores vulnerables a fin de no acrecentar las brechas de desigualdad.

En el panorama nacional, el CONEVAL en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 advirtió el riesgo de que la pandemia por Covid-19 revierta los avances en la reducción de las carencias sociales. Y en el caso específico de las mujeres, CONEVAL recomendó la implementación de acciones integrales que compensen la carencia de acceso a la seguridad social para las mujeres que viven en pobreza y las madres de familia, por ejemplo: con programas de guarderías, asistencia social y prestaciones de maternidad. Lo cual tendría un efecto directo en el incremento de las posibilidades de acceder con mayor equidad e igualdad al mercado laboral formal y a oportunidades de empleo digno.

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Es significativo subrayar que el combate a la corrupción no solo tendrá efectos en la profesionalización del ejercicio público y en conformar presupuestos más transparentes, sino que también representa una deuda de la sociedad con los grupos poblacionales más vulnerables, en este caso las niñas, adolescentes y mujeres.

Todas y todos podemos sumarnos en esta tarea. Como autoridades debemos continuar impulsando políticas con un enfoque de género que reconozcan los impactos diferenciados de la corrupción en las desigualdades, y establezcan medidas efectivas que los solventen.

La educación y el empoderamiento de este grupo poblacional es una vía para impulsar su participación equitativa en el mercado laboral formal, para su autonomía y su involucramiento en la toma de decisiones y conformación de leyes.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).