Por conductas irregulares durante la investigación por la muerte y calcinamiento de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas, el Instituto Nacional de Migración (Inami) denunció a ocho funcionarios en febrero pasado ante la Fiscalía General de la República.
Esos servidores públicos, a quienes se les señaló de retener la camioneta que fue utilizada en el homicidio múltiple, son solo el 17.9% de los 45 funcionarios que el Inami ha denunciado en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.