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#ColumnaInvitada | La simulación en la regulación del cannabis

El dictamen sobre marihuana aprobado por los diputados regula el mercado, pero falla en eliminar las amenazas para las personas usuarias incumpliendo así la orden original de la SCJN.
jue 11 marzo 2021 02:18 PM
uso lúdico marihuana
La reforma de los legisladores dejó pendiente el encargo de la SCJN.

El 10 de marzo de 2021, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen emitido por las comisiones de Justicia y de Salud para la regulación del uso adulto del cannabis. El proyecto crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir la creación de un mercado legal de cannabis para la producción y venta que, sin embargo, deja en incertidumbre a las personas usuarias al no legalizar la posesión y solo ampliar las cantidades toleradas. Así, la Cámara de Diputados perdió la oportunidad de corregir los errores de la minuta del Senado y hacer oídos sordos a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué decimos que el dictamen ignoró a la Corte? Recordemos que la regulación del cannabis en nuestro país es consecuencia de diversos litigios que culminaron en la SCJN y tuvieron como resultado que ésta le ordenara al Congreso eliminar la prohibición absoluta del consumo. Esa obligación implicaba al menos tres cosas: primero, regular las actividades necesarias para acceder al consumo de cannabis; segundo, hacerlo sin invadir la privacidad del usuario; y tercero, desarrollar políticas que identifiquen los problemas que afectan a la salud pública. Es decir, el objetivo central es terminar con la criminalización y persecución de las personas usuarias. Ahora bien, aunque el dictamen regula el mercado, falla en eliminar las amenazas para las personas usuarias incumpliendo así la orden original.

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Primero, el régimen penal predomina a lo largo de todo el modelo regulatorio en perjuicio de las personas. De acuerdo con lo aprobado, es necesario tramitar permisos para poder autocultivar. En caso de no tenerlos, las personas podrían ser acusadas del delito de posesión simple. Si el cannabis es legal, ¿por qué sancionar su posesión? Así, las personas usuarias de cannabis seguirán siendo extorsionadas y detenidas arbitrariamente por las autoridades.

Tampoco se elimina el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica que se dediquen al cultivo como actividad primordial. Esto perpetúa la marginación y el castigo penal de las personas más afectadas por la prohibición y que, por justicia social, deberíamos estar integrando plenamente al mercado legal. Aunque estas bases fueron desarrolladas por el Senado, y ya era bastante problemático, la Cámara de Diputados complicó aún más el sistema de umbrales de tolerancia, y las penas, haciendo más complicado para las personas comprender cuándo están cometiendo un delito y cuándo una falta administrativa.

Segundo, la regulación deja fuera a comunidades campesinas. La Cámara de Diputados eliminó la obligación de las autoridades de brindar la asesoría y acompañamiento a pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, comunidades en situación de marginación o que, por sus condiciones, características o por haber sido afectados por el sistema prohibitivo se consideren particularmente vulnerables, así como a grupos de micro y pequeños agricultores, con el argumento de que no es una ley de fomento.

Tercero, el dictamen privilegia la protección de los intereses económicos de las empresas y permite que el mercado sea acaparado por unos cuantos actores, pues no establece candados a la integración vertical e impone un control excesivo de plantas y semillas (trazabilidad y testeo) que será imposible de costear para pequeños participantes. Además, permite la producción de comida y bebidas chatarra con cannabis.

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Otro de los desafortunados cambios aprobados es la eliminación de crear un instituto regulador y en su lugar atribuir ese rol a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). Sobra decir que ésta no solo carece de experiencia en la materia, sino que tampoco cuenta con los recursos humanos, financieros, materiales ni legales para cumplir con estas obligaciones.

El Congreso tenía la oportunidad histórica de saldar la deuda del gobierno con las personas afectadas por la guerra contra las drogas. Sin embargo, el accidentado proceso legislativo no ha sido más que una simulación, que lejos de acabar con la prohibición y la criminalización y marginación a ella asociada, priorizó el interés económico y optó por tolerar, que no dejar de prohibir el uso y la posesión del cannabis.

La obligación de regular el cannabis fue resultado de las exigencias de la sociedad civil para reorientar los esfuerzos de seguridad, buscar la justicia social y proteger efectivamente a las personas, desafortunadamente nuestras autoridades aún no están a la altura.

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Nota del editor:

Los autores son abogados de litigio en México Unido Contra la Delincuencia. Síguelos en TW como @SAMURAILITIGIO, @ekadenam de @mucd

Las opiniones de este artículo corresponden únicamente a los autores.

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