Esta semana fuimos testigos de cómo comenzó a cobrar vida este efecto dominó cuando, inmediatamente después de quedar vinculado y sujeto a prisión preventiva, Alonso Ancira anuncia que llegó a un acuerdo reparatorio con Pemex en el que ofreció pagar 200 millones de dólares –con la intención de reparar el daño por el sobreprecio que en su momento Pemex pago por la planta Agro Nitrogenados en 2014– a cambio de que la Fiscalía General de la República le dé carpetazo a la investigación seguida en su contra.
Por si faltaran malas noticias, el regaño de un juez federal a los ministerios públicos, encendió las alarmas a lo que se avecina en un nuevo pacto de impunidad para Rosario Robles y La Estafa Maestra. En lo que aún no sabemos si será a través de un criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado, pero lo que se advierte es un nuevo pacto para que uno de los casos de corrupción más escandalosos durante uno de los gobiernos más corruptos –como lo fue el de Enrique Peña Nieto– quede en simulación de justicia.
Criterios de oportunidad con Lozoya, acuerdos reparatorios con Ancira, procedimiento abreviado con Robles. A todo esto, habrá quien diga que estas figuras están en la Ley y que por ende es válido aplicarlas. Sin embargo, esa apreciación es incorrecta, por decir lo menos; los criterios de oportunidad no aplican en casos de corrupción como el de Lozoya porque son de interés público, por tanto, la pretensión de la Fiscalía es completamente ilegal ya que la Ley expresamente prohíbe su procedencia.
