Pensamos que quedarían atrás los tiempos aquellos en los que la entonces PGR “negociaba” con personajes como Javier Duarte para que, a través de simulaciones legales, pareciera que impartían justicia, cuando por debajo había un pacto de impunidad. Sin embargo, el hecho de que Emilio Lozoya siga en su casa a un año de su detención y que se hable de la posibilidad de que sea exonerado a cambio de colaborar con la Fiscalía General de la República dibuja el inicio de lo que pudiera ser un efecto dominó de “lo mismo de siempre” a través de pactos de impunidad con “los mismos personajes de siempre”, para de burlar la justicia aún en casos en donde las evidencias de grandes entramados de corrupción salen a la luz pública.
Acuerdos con corruptos NO es justicia
Es imprescindible que la FGR recuerde que su labor es esclarecer los hechos y procurar que los culpables no queden impunes.
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Esta semana fuimos testigos de cómo comenzó a cobrar vida este efecto dominó cuando, inmediatamente después de quedar vinculado y sujeto a prisión preventiva, Alonso Ancira anuncia que llegó a un acuerdo reparatorio con Pemex en el que ofreció pagar 200 millones de dólares –con la intención de reparar el daño por el sobreprecio que en su momento Pemex pago por la planta Agro Nitrogenados en 2014– a cambio de que la Fiscalía General de la República le dé carpetazo a la investigación seguida en su contra.
Por si faltaran malas noticias, el regaño de un juez federal a los ministerios públicos, encendió las alarmas a lo que se avecina en un nuevo pacto de impunidad para Rosario Robles y La Estafa Maestra. En lo que aún no sabemos si será a través de un criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado, pero lo que se advierte es un nuevo pacto para que uno de los casos de corrupción más escandalosos durante uno de los gobiernos más corruptos –como lo fue el de Enrique Peña Nieto– quede en simulación de justicia.
Criterios de oportunidad con Lozoya, acuerdos reparatorios con Ancira, procedimiento abreviado con Robles. A todo esto, habrá quien diga que estas figuras están en la Ley y que por ende es válido aplicarlas. Sin embargo, esa apreciación es incorrecta, por decir lo menos; los criterios de oportunidad no aplican en casos de corrupción como el de Lozoya porque son de interés público, por tanto, la pretensión de la Fiscalía es completamente ilegal ya que la Ley expresamente prohíbe su procedencia.
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Respecto al anunciado acuerdo reparatorio de Ancira, éste no tendría lugar si se hubiera generado una investigación completa sobre el caso de corrupción y no solo por el lavado de dinero y, además, si los representantes del Ejecutivo –en calidad de ofendidos del delito– podrían o más bien deberían negarse a aceptar el acuerdo y optar por ir a un juicio para buscar sancionar el delito. Por último, el posible procedimiento abreviado para Robles de ninguna manera es algo que ella puede pedir al juez sino que es una facultad exclusiva de la Fiscalía y que debería negar. Todos estos casos, perfectamente podrían resolverse en un juicio oral, público, transparente e imparcial. La reparación de los daños en los casos de corrupción no solo se logra cuando se devuelve lo robado, se logra cuando se esclarece y se prueba que fue lo que pasó.
Suena bien que se logre la recuperación de los recursos desviados, sin embargo, el mensaje de fondo que manda la institución de procuración de justicia es francamente preocupante porque se está diciendo que en un país en donde se encarcela a pobres por robo y a mujeres por abortar, los corruptos con poder pueden salir del paso si no los descubren y si los descubren a cambio de pagar y nada más. El mensaje es claro: bienvenida la impunidad, “como siempre”.
Así que lejos de festejar los aparentes buenos resultados obtenidos por supuestas “reparaciones del daño”, es imprescindible que la FGR recuerde que su labor es esclarecer los hechos y procurar que el culpable no quede impune, y que la verdadera reparación de daño dista mucho de simplemente regresar lo robado y ser perdonado. Los ciudadanos debemos sentirnos ofendidos que en este país sea tan fácil ser corrupto y no ser sancionado.
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Nota del editor:
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de las autoras.
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