Las medidas anunciadas para evitar las muertes y lesiones de ciclistas en la Ciudad de México se enfocan en imponer sanciones en lugar de evitar los hechos de tránsito, señalan expertos.
El gobierno capitalino presentó el Plan de Protección al Ciclista como respuesta a los bloqueos y manifestaciones por las muertes de ciclistas como Carlos Rivera, quien fue atropellado mientras pedaleaba sobre Calzada de Tlalpan el 21 de enero.
Las medidas presentadas por Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad, incluyen cambios legislativos que se propondrán ante el Congreso local así como acciones que se dividen en tres ejes: “Acceso a la justicia”, “Aplicación de la ley” y “Transporte público”.
Una de las principales acciones para el “Acceso a la justicia” es la instalación de una comisión de seguimiento a los casos de ciclistas, la cual estará integrada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y C5.
A la par, se creará un protocolo de atención a hechos de tránsito para la integración de carpetas de investigación, atención a víctimas y sus familias.
Areli Carreón, fundadora de la asociación civil Bicitekas, considera este como el punto más fuerte de las medidas del Gobierno capitalino, pues hasta el momento no hay un acompañamiento de las autoridades hacia la mayoría de las víctimas de hechos de tránsito.
“Vemos como algo indispensable que la autoridad sepa qué hacer, cómo actuar y exista regularidad. En mis experiencias es como si siempre pasara por primera vez porque no hay un protocolo de acción”, dice en entrevista con Expansión Política.
Para la prevención de hechos de tránsito, en el eje de “Aplicación de la ley” la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará operativos “carrusel”, con el patrullaje de unidades que regule la velocidad de los otros vehículos y será implementado en 27 vialidades.
Así mismo, se instalarán dispositivos de control de velocidad en vías de acceso controlado, incrementando de 324 hasta 700. Carreón considera estas acciones de prevención precisamente el punto más débil de la estrategia pues son temporales.
Lo que nosotros necesitamos no es que se sancione o se meta a la cárcel a la persona que lo atropelle y lo mate, lo que queremos en primera instancia es que eso no suceda, que nuestra familia y nosotros mismos estemos seguros.
En contraste, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió cambiar desde el inicio de su administración el sistema de fotomultas por fotocívicas, sustituyendo las sanciones económicas por horas de trabajo comunitario y cursos de sensibilización.
“Los carruseles son operativos, no son dispositivos de control que están todo el tiempo; 27 vialidades es mejor que sólo 13 pero claramente es insuficiente.
“Es parte de lo que le hemos reclamado a esta administración que es usar los fotorradares como lo que son: la tecnología más eficiente y costo efectiva para controlar el exceso de velocidad en la ciudad”, señala la activista.
Gonzalo Peón, director de ITDP México, coincide en que es necesario evaluar el programa de fotocívicas, ya que las estrategias automatizadas de sanción son más sencillas de aplicar que las horas de servicio comunitario.
“No significa desaparecerlo, en cuestión de transparencia por supuesto se ha avanzado, pero necesitamos algo más efectivo y de alguna manera los radares de tránsito son la estrategia que mejor funciona para reducir la velocidad y los tiempos de tránsito en el mundo”, señala el experto en movilidad.
Lo importante es reducir la velocidad entonces tenemos que revisar la efectividad de fotocívicas porque una reducción importante de la velocidad reduce necesariamente los siniestros con ciclistas
Como parte del eje “Aplicación de la ley” se presentaron cambios al Reglamento de Tránsito de la CDMX que incluye el endurecimiento del “Alcoholímetro” con la remisión obligada del vehículo al depósito así como la condición de cumplir con las horas de arresto para recuperarlo.
También se aplican reglas más estrictas pues los vehículos de la ciudad con cinco o más sanciones sin solventar serán llevados al corralón, igual que los vehículos foráneos que cometan cualquier infracción.
El representante de ITDP considera esta medida como uno de los puntos fuertes, pues los vehículos foráneos o con placas de otras entidades suelen acumular más infracciones sin pagar ya que no deben cumplir con este requisito para verificar en otro estado; además, también se usa esta estrategia para evadir el pago de impuestos como la tenencia.
“La única manera de cobrar a los dueños de los vehículos es a través de la tenencia y estrategias de gobiernos como el de Morelos de quitar la tenencia no ha generado nada positivo.
“Hace mucho más difícil la aplicación de la ley y que una de las pocas fuentes de ingresos que tienen los gobiernos locales no se pague, sobre todo con la cantidad de personas que viven en la Ciudad de México con autos por encima de los 250,000 pesos”, explica Peón.
ITDP México comprobó en un experimento que la aplicación de dispositivos de monitoreo de velocidad y alertas cuando se rebasaba cierto límite en unidades del transporte público redujo en promedio 5 km/h la velocidad de los conductores así como un 35% menos las veces en que se rebasaban los 50 km/h, de acuerdo con el proyecto “Movilidad inteligente: buses y el internet de las cosas” .
En el eje de “Transporte público”, mientras la Secretaría de Movilidad anunció la aplicación de revisiones físico-mecánicas y documentales a las unidades, sin embargo para Peón sería más efectivo si el Gobierno capitalino implementara la tecnología para reducir los atropellamientos y choques con unidades del transporte público involucradas.
El Gobierno capitalino comenzó en 2019 la instalación de cámaras y equipos GPS en las unidades del transporte público en especial para reducir asaltos hacia los pasajeros.
“Hay una oportunidad en cuanto a la vigilancia de las conductas de riesgo del sector del transporte público que tiene que ver con una estrategia que ya está viendo Semovi que es la implementación de dispositivos AVL (Automatic Vehicle Location)”, señala.
Durante las próximas semanas la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) enviarán al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar las sanciones por homicidio doloso, por ejemplo en los casos en los que el conductor de un vehículo bajo el influjo del alcohol mata a un ciclista o peatón.
Las medidas del Plan de Protección al Ciclista deberán ser evaluadas y ajustadas según sea necesario, señalan los expertos, en especial después del incremento de muertes de ciclistas registradas en la ciudad durante 2020.
