De cara a las elecciones de 2021, el caso que se enfrenta con el modelo de comunicación política mexicano se centra en las declaraciones que el presidente de la República ha realizado en diferentes ocasiones en sus conferencias mañaneras, en las cuales ha hecho alusión a las elecciones de este año, así como a múltiples temas relacionados directamente con la competencia electoral entre su partido y la oposición.
Es claro que este asunto no se trata de si la autoridad electoral censura al presidente o no, sino de la legislación actual y la libertad de expresión del presidente.
El INE ha sido claro al establecer reglas que buscan que se cumpla con este modelo de comunicación política, pero el TEPJF, a diferencia de otros casos en los que ha señalado que no existe margen de interpretación para flexbilizar las reglas establecidas en la Constitución, ha sido ambiguo sobre hasta dónde puede intervenir en el proceso electoral el presidente de la República. Es decir, hasta dónde su derecho a la libertad de expresión ampara sus declaraciones en las conferencia matutina diarias que ofrece.
Aceptando que las reglas del modelo de comunicación política son restrictivas de la libertad de expresión −y también que este fue el costo que se pagó en 2007 para corregir las irregularidades que se dieron en las elecciones de 2006−, resulta extraño que ahora quien litiga en contra de este modelo sea quien hace 15 años denunció que no restringir la comunicación gubernamental fomentaba la inequidad en la contienda.
En el pasado me he pronunciado por la necesidad revisar cómo valoramos la libertad de expresión en la materia electoral, mientras las reglas no cambien no se puede más que señalar la contradicción que se avisa: quien pugnó por crear este modelo de comunicación, que tanto se ha defendido y que tanto ha costado; ahora es quien busca desterrarlo por no convenir a sus intereses actuales.
_________________
Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
