#ColumnaInvitada | El general Cienfuegos, ¿culpable o inocente?

La primera variable nos indica que la DEA y el gobierno estadounidense pretenden otorgar un carácter de jurisdicción universal a su sistema de justicia criminal, situación que contradice la legislación interna, pero sobre todo al derecho internacional público. La acusación presentada ante el juez de Distrito en Brooklyn, Nueva York, señala que el acusado se había aliado con narcotraficantes para traficar drogas y lavar dinero en México. Desde este punto de vista, la acusación tendría que haber sido turnada a la justicia mexicana, puesto que era la jurisdicción competente; no obstante, continuó la investigación hasta la detención del general y su procesamiento ante una Corte Judicial en Estados Unidos.

Un aspecto que siempre llamó la atención es que los fiscales enunciaron diversas pruebas que sustentaban la acusación, pero nunca las exhibieron ante el juez, por lo que siempre hubo duda de la veracidad de las acusaciones. El punto medular radica en que, antes de la acusación de la DEA a Cienfuegos, en México nunca se le imputó o relacionó con el narcotráfico o grupos criminales. Entonces, ¿debemos creerle a la DEA que el general es narco?

Evidentemente, el imputado tiene derecho a la presunción de inocencia y a que no se le considere culpable hasta que lo determine un juez competente; no obstante, mediáticamente el general ya fue sentenciado y encontrado culpable. Desde que se lanzó con auge la guerra contra las drogas en México y Estados Unidos, muchas acusaciones que se hicieron a funcionarios públicos estuvieron basada en dichos de testigos protegidos y en este caso fue igual. Por tanto, ¿qué tan confiables pueden ser los dichos de criminales que para reducir sus sentencias declaran a modo lo que los fiscales quieren escuchar? Sin duda, son declaraciones impugnables ante los medios de defensa vigentes en el derecho penal mexicano.

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La segunda variable, no menos importante, es la vía institucional. Cuando la Fiscalía General de la República y funcionarios federales dijeron que se iba a investigar a profundidad al general Cienfuegos y no se iba a propiciar la impunidad, no se esperaba una acción fast track por parte de la fiscalía, lo que justificadamente ha creado una lluvia de críticas y declaraciones, acusando impunidad y encubrimiento a un criminal, a pesar de las pruebas en su contra, que por cierto nunca se han conocido.

La actuación de la FGR en este caso deja mucho por desear: habla de falta de capacidad técnica del Ministerio Público para realizar investigaciones profesionales y con evidencia objetiva, que logren que la sociedad mexicana se convenza de la inocencia o culpabilidad del general; esta investigación apresurada no da detalles con pruebas de que el general no tiene vínculos criminales con narcotraficantes. Esto pone en duda que la antigua procuración de justicia cambió con la nueva FGR y que hoy contemos con una institución con capacidades técnicas-científicas para investigar el delito.

Lamentablemente, no fue así. El fiscal Gertz apostó por actuar en las penumbras, con sospechas, de manera atropellada, provocando la indignación incluso de los seguidores del gobierno del presidente López Obrador. Además, el comunicado de la FGR de este jueves infiere que el gobierno de Trump y sus agencias de seguridad son mentirosos, fabrican delitos y actúan sin pruebas, lo que es una acusación muy grave que va a minar las relaciones bilaterales en materia de seguridad con el nuevo gobierno del presidente Biden.

Este viernes, el vocero del Departamento de Justicia informó que “Estados Unidos se reserva el derecho de reiniciar la acusación contra Cienfuegos”, lo que implica que el general nunca podrá volver a pisar territorio estadounidense, pues correría el riesgo de ser detenido.

Queda en duda la integridad y honorabilidad de la DEA y, por ende, de otras investigaciones que ha realizado. AMLO la descalificó por completo, pero también quedan serias dudas de la imparcialidad y capacidad de la fiscalía mexicana.

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Nota del editor: El autor ha laborado en dependencias de la administración pública: Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Policía Federal. Es maestro en Ciencias Penales, profesor universitario, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Licenciado en Derecho, expositor y capacitador de diversos destacados diplomados en Juicios Orales, Mercadotecnia Política, entre otros. Actualmente se desempeña en el sector privado, como socio consultor en consultoría CMC Análisis e Inteligencia Empresarial, empresa enfocada en la realización de auditorías y diagnósticos en seguridad, capacitación a cuerpos policiacos, diseño de equipos de seguridad patrimonial, investigaciones, entre otras.

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