El golpe del Covid-19 ha sido brutal. Según la FAO, es altamente probable que el hambre incremente sustantivamente en el mundo, especialmente en los países de América Latina incluido el nuestro. El mayor riesgo es que debido a la interrupción y distorsiones presentadas en las distintas cadenas de suministro de alimentos a nivel mundial, es altamente probable que en el corto plazo ello se refleje en escasez de los mismos. También lo es que provocado por los bloqueos internacionales y nacionales en el transporte, el cierre de fronteras, así como de mercados nacionales mayoristas y minoristas, haya ausencias prolongadas de suministros.
Adicionalmente, las afectaciones macroeconómicas que puedan presentarse en diversas naciones, habrán de incrementar el riesgo de que la gente sufra de hambre. La recesión económica, la devaluación de monedas locales, la inflación local en los precios de los alimentos o la pérdida de ingresos provocada por el desempleo disminuirán la capacidad de consumo y por ende, de compra de lo más básico para miles de familias. Tan solo recordar que el Coneval ha proyectado que el número de pobres en el país podría elevarse en 12.5 millones de personas.
Si bien los datos por sí mismos son aterradores, preocupa aún más la situación nacional a la luz del deterioro institucional que se observa en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia que pese al mandato de dar abasto alimenticio a las poblaciones más necesitadas del país, ha incurrido en desabasto de leche que en el caso de la CDMX, Edomex e Hidalgo, afectaron a casi 300 mil beneficiarios. Además de eso, según un artículo publicado por Mario Maldonado, el desorden financiero también ha afectado a Diconsa y a la relación que se tiene con los trabajadores del organismo.
