No existe un país exento de corrupción, hasta en aquellos considerados ejemplo de respeto de la ley –como los escandinavos, Alemania, Japón, Corea, Australia– han tenido casos probados de corrupción.
Lo que hace diferente estos casos al resto del mundo es, por un lado, la excepcionalidad de hechos probados de corrupción, que en la vida cotidiana no son abiertamente visibles y que los mecanismos establecidos para investigar, perseguir y sancionar cualquier mal uso del poder funcionan.
Es decir, la corruptela cotidiana no es normal y una vez detectada, existe la independencia necesaria para que la institución responsable construya los casos y/o imponga los castigos proporcionales.
En las últimas décadas, en dichas democracias han renunciado primeros ministros y políticos relevantes; han pagado multas multimillonarias empresas simbólicas y muchos han llegado a la cárcel.
¿Son sistemas perfectos? Absolutamente no, simplemente son sistemas donde hay una mayor certeza que las normas se hagan respetar para el beneficio de toda la sociedad.
En México, la corrupción es cotidiana: es evidente en los abusos y concesiones para algunos.
En México, la corrupción es cultural: se considera imposible ejercer derechos, obtener justicia o prosperar económicamente sin ella. Incluso, se refleja en dichos populares como “el que no tranza, no avanza”, “el año de Hidalgo”, “no te pido que me des, ponme donde hay”.
En México, la corrupción es aceptada: una vez que alguien, un amigo cercano, un familiar, obtiene un beneficio gracias a un mal uso del poder, quienes están cerca justifican, relativizan e incluso la celebran.
En México, la corrupción está institucionalizada: hay normas y procesos pensados precisamente para mantener un uso discrecional del poder que puede llevar a quien lo detiene a obtener beneficios o “mordidas”.
Su institucionalización, incluso, va más allá; por un lado, la disfuncionalidad del aparato administrativo y de justicia garantiza una muy elevada probabilidad de salir impune de cualquier tipo de sanción y, por el otro, el “amiguísimo”, “compadrazgo”, la ausencia de sistemas de supervisión, las excesivas cargas de trabajo y la falta de pericia de los funcionarios encargados de investigar y sancionar, cierra la pinza de la impunidad.
Gracias a esta terrible realidad, donde desde el policía de tránsito, hasta el presidente de la República, pueden recibir dádivas, es que los mexicanos votaron por un supuesto cambio.
El presidente López llegó al poder gracias al hartazgo de millones en el sistema corrupto imperante, millones se emocionaron e ilusionaron con un discurso de “no robar, no mentir y no traicionar”.
Un candidato al que nunca le han probado algún acto directo de corrupción –pese a que su círculo cercano y protegido por él, una y otra vez se vea envuelto en actos graves de corrupción– que llegó con la bandera de ser ejemplo, de “barrer de arriba hacia abajo”.
Lamentablemente, el discurso es sólo eso: discurso. Desde su llegada, López ha tomado decisiones que rompen con el Estado de Derecho justificándose con abiertas mentiras. Cuando algún sistema legal se lo ha impedido, ha manipulado la ley gracias al control que tiene tanto del Legislativo como del Judicial.
En las últimas dos décadas, en el país generamos una serie de procesos e instituciones para limitar el poder absoluto del ejecutivo federal y los ejecutivos estatales; mecanismos que permiten conocer el uso y destino de los recursos públicos y que intentan inhibir cualquier forma de abuso.
¿Son mecanismos, procesos, instituciones perfectas? Absolutamente no, pero son mecanismos, procesos e instituciones que han exhibido los abusos de autoridad, la violación a derechos humanos, las torturas ejecutadas por funcionarios, las roberías y desperdicios multimillonarios de los funcionarios de los sexenios pasados.
Consciente que este entramado representa un sistema de transparencia, rendición de cuentas y contrapeso institucional, desde su llegada López ha atacado el sistema público de licitaciones, las instituciones autónomas reguladores y garantes.
Con cambios a dichas estructuras, obligando-chantajeando a funcionarios para renunciar al cargo y sustituirlos por fieles seguidores o ahorcándolas con el presupuesto público, López ha hecho más débil e ineficiente el combate a la corrupción.
El logro que los mexicanos tuvimos al construir mecanismos (semi)funcionales de combate a la corrupción se encuentran en franco ataque por parte del presidente.
El planteamiento que López hizo el pasado jueves 7 de enero de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un evidente intento por regresar a la opacidad que permitirá ocultar todo abuso y violación a la ley, donde la única verdad sea la que sale de la boca del presidente.
Si bien el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TEMEC), impide que que dichos organismos puedan desaparecer, es importante que la sociedad manifieste su repudio a un franco intento de destruir instituciones claves para el Estado.
Asimismo, los mexicanos debemos recordar –particularmente en este año electoral– que el presidente López y su partido, Morena intentaron negarle a los mexicanos la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
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El autor es director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
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