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#ColumnaInvitada | Reforma a la Ley de Seguridad: el juego político con los EEUU

Esta reforma cambiará sustancialmente la relación bilateral de cooperación de Seguridad y Defensa por el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
mié 16 diciembre 2020 06:20 AM
Manifestación contra agentes de la DEA en México
Desde el asesinato en México del agente de la DEA Enrique Camarena, la actuación de esa fuerza ha estado en entredicho.

La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional realizada por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Senado de la República es un claro mensaje del Gobierno de México a los Estados Unidos, pues sin duda cambiará sustancialmente la relación bilateral de cooperación de Seguridad y Defensa por el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La entrada de agentes extranjeros armados y aeronaves no tripuladas nunca fue regulada. La colaboración que arbitrariamente ejercen con autoridades de los órdenes locales de gobierno o con la Secretaría de Marina Armada de México no se hace con conocimiento pleno de la Federación.

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Por supuesto que la DEA discrepará la aprobación de reforma. La DEA, una de estas agencias de seguridad, se ha acostumbrado a la clandestinidad en sus operaciones en territorio nacional que no quiere ser regulada. Argumenta su clandestinidad por desconfianza al gobierno mexicano, o que el intercambio de información comprometería la seguridad física de sus agentes. Otras agencias estadounidenses sí son respetuosas de las formas políticas, de las relaciones institucionales y del respeto a la soberanía nacional, pero no es el caso de la DEA.

México debió regular la presencia de agentes extranjeros armados desde el Caso Camarena. La muerte del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena –en 1985 en Guadalajara– fracturó la relación bilateral de seguridad por años cuando el gobierno mexicano no tenía conocimiento de agentes extranjeros infiltrados en cárteles del narcotráfico. Poco a poco la relación bilateral de cooperación en materia de seguridad mejoró, para que ambos países trabajaran a favor de la seguridad regional, pero quedó claro que la confianza es difícil de restablecer en la relación México-EEUU. En ese momento se necesitó establecer reglas claras en materia de cooperación de seguridad, para evitar consecuencias políticas en la relación bilateral a partir de las operaciones de agentes extranjeros en territorio nacional, especialmente si dichas operaciones salen mal. Hoy, 35 años después, al fin se somete a regulación.

El 15 de octubre de este año, el General Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos, acusado por la DEA de cargos de narcotráfico. Precisamente, el más alto funcionario militar que se negó a que la Secretaría de la Defensa Nacional colaborara con esta agencia. En cambio, fue la Marina la que sí se prestó a colaborar con dicha agencia, como ya lo ha hecho desde años, especialmente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

El arresto del General Cienfuegos ocasionó un cisma en la relación bilateral que tocó fibras sensibles de tipo político y diplomático y que tendrá consecuencias en la colaboración por el resto del sexenio. La reforma a la Ley de Seguridad Nacional es una de ellas. Asimismo, aumentó la desconfianza en los militares mexicanos, y aunque marche la diplomacia militar mexicana sin novedad, ya no será como antes en términos de confianza. Asimismo, generó un extrañamiento diplomático por parte de la Cancillería, así como una atenta petición de información del Senado de la República, las cuales no fueron respondidas por los EEUU.

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Se espera que la llegada del presidente Joe Biden y su gabinete pueda ayudar a los EEUU a estabilizar la relación con México, la cual fue dañada con la detención arbitraria del General Cienfuegos por señalamientos infundados e improbados por parte de la DEA, a partir de que Donald Trump apoyó que el manejo de la relación bilateral con México la llevara William Barr, fiscal general de los EEUU, en vez del secretario de Estado, Mike Pompeo.

Las acciones de dicho fiscal sembraron la idea de la corrupción como una herramienta de seguridad nacional útil para los Estados Unidos con fines electorales y políticos, y para buscar presionar a México para redireccionar su política de combate a las drogas sintéticas que ingresan a los EEUU. Por ello, sucedió la imputación de cargos sin evidencia al General Cienfuegos.

Para el vecino país, nuestra política de combate a las drogas es insatisfactoria porque México rediseñó el manejo operativo de sus fuerzas federales para la seguridad y bienestar de los mexicanos, no para satisfacer intereses extranjeros que coadyuven con los EEUU a controlar sus fronteras.

El fiscal Barr también apoyó la idea de que la DEA pudiera entrar a territorio nacional en el combate al narcotráfico sin gozar de ninguna restricción o regulación. Al encontrar una respuesta diplomáticamente denegada por el gobierno de México, arrestó a Cienfuegos para ejercer presión. El mismo procedimiento de coerción judicial hizo con el General retirado Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump, inaugurando un estilo judicial sin precedente: inculpar sin evidencia con fines políticos, y desestimar cargos y liberar cuando ya no es herramienta política de presión. En consecuencia, tanto Flynn como Cienfuegos están libres por desestimación de cargos, pero con la mácula injusta que representa el daño moral ocasionado por la imputación de cargos a una persona.

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Ahora, México está respondiendo estratégicamente al juego político, algo inédito y nunca visto en el devenir de nuestra pasiva y sedentaria política exterior. La diplomacia es una herramienta útil para demostrar el pensamiento geopolítico necesario para dirigir la complicada relación con los EEUU. Pero el ajuste legislativo en la Ley de Seguridad Nacional es una jugada elegante que norma las bases de la cooperación para fines mutuos y consensuados que no atropellen la soberanía nacional.

Apenas el 14 de diciembre fue aprobada, con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, acto legislativo que le da la oportunidad política a México de sentar las bases del juego en la relación bilateral de cooperación de seguridad. Canalizará la relación con agencias estadounidenses a la Cancillería como única ventanilla de atención en el marco de la cooperación bilateral, especialmente para el intercambio de información y para limitar la interacción y contacto con dichas agencias con entidades políticas no autorizadas, así como para tener mayor claridad de sus operaciones. Esto tiene un sentido positivo para sentar los límites y condiciones de su operación desde el alto nivel del gobierno de México.

De esta manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores con acuerdo de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina, acreditarán rigurosamente a todo agente extranjero, el cual solo podrá desempeñarse en actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas, no gozará de ningún tipo de inmunidad y no podrá llevar a cabo detenciones arbitrarias o allanar la propiedad privada. Esto sin duda es útil porque pone una serie de obstáculos para las actividades extranjeras con fines de espionaje que pueden vulnerar la soberanía territorial y gubernamental del Estado Mexicano.

Si bien la reforma a la Ley de Seguridad Nacional se aprobó con fines políticos, sin duda fue necesaria para demostrar al mundo que México no permitirá la intromisión extranjera en sus asuntos internos, ni el espionaje a sus altos funcionarios, ni el atropellamiento a sus órganos de justicia con el encarcelamiento arbitrario de sus funcionarios en activo o en retiro sin presentar evidencia alguna.

Tan solo hay que esperar que Anthony Blinken como Secretario de Estado y Jake Sullivan como el asesor de seguridad nacional del presidente electo Joe Biden, puedan retomar la relación de cooperación de seguridad con México, para reconstruir las alianzas que son las bases de la relación por las que se ha trabajado tanto, y que deben corresponder a la confianza entre supuestos socios obligados, que tienen intereses compartidos y también amenazas compartidas. La relación bilateral es necesaria e imprescindible, pues estamos dentro de un área geopolítica que comparte el mismo perímetro de seguridad.

Un extra: La Ley de Seguridad Nacional –diseñada por el Cisen en 2004 para satisfacer intereses políticos del PRI en la Segob en tiempos del otrora Presidente del PAN Vicente Fox– es una ley tan inservible para las necesidades de operación del Gabinete de Seguridad actual, que en algún futuro sería mejor derogarla en vez de reformarla y crear una nueva que norme los tres niveles de seguridad: nacional, interior y defensa exterior.

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La autora es especialista en Seguridad.

Consulta su sitio: www.mariadehaas.com

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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