La ley no se consulta

Más aún. Gertz sugirió que la información de Ayotzinapa se ocultó porque existe una colusión entre el narcotráfico, la policía federal y las “fuerzas del Estado Mexicano” (sic). Se decidió no investigar lo sucedido porque los normalistas fueron asesinados como resultado del choque de dos grupos delincuenciales.

El fiscal dejó en claro que Ayotzinapa fue planeado desde arriba. La PGR orquestó todo esto, dijo, desde la oficina de la Agencia de Investigación Criminal con “la anuencia de sus superiores”.

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Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, lo dejó aún más claro. Habló de la necesidad de romper un pacto de silencio para lograr esclarecer lo que calificó como “un crimen de Estado”.

Todo el evento dejó en claro que el gobierno de López Obrador no solo parece tener evidencia de que lo que se nos dijo durante el sexenio pasado sobre Ayotzinapa era una vil mentira, sino que esta mentira se conocía y se forjó desde las más altas esferas del gobierno de Peña Nieto.

Me detengo en esto. Si todo esto es cierto, si hay pruebas de ello, lo más indignante de lo sucedido este sábado no es que sepamos que las mentiras de Ayotzinapa se tramaron “desde la cúspide del poder”. Lo más indignante es que López Obrador proponga juzgar a esa cúspide solo si primero hay una consulta pública.

Lo que impidió la justicia para los padres de los desaparecidos durante el sexenio de Peña Nieto fueron las mentiras creadas desde el poder.

Lo que impide hoy la justicia son cuestiones puramente electorales: antes de aplicar la ley, piensa López Obrador, hay que hacer una consulta.

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Considero que esto es equivocado y cruel. La consulta pone lo electoral por encima de la justicia. No tiene sentido alguno esperar el resultado de una consulta para juzgar a quien sea que comete un delito. El sentido de la consulta es electoral. Se trata de visibilizar el tema y enardecer a la población en contra de los partidos que hoy son opositores del gobierno.

Lo lamentable es que la justicia en México es eso que, o se oculta deliberadamente, o se le explota con motivos políticos. Una consulta no debe ser una limitante para comenzar de inmediato una investigación exhaustiva de “la cúspide del poder”. No hacerlo, no solo viola la promesa que López Obrador hizo a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, sino que desmerita las instituciones judiciales en su conjunto.

Si tienen evidencia de que Ayotizinapa es, como dijo Encinas, “un crimen de Estado” entonces el jefe de ese Estado debe ser juzgado, sin poner de por medio una consulta pública. La ley no se negocia y no se promociona. La ley simplemente de implementa.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.