80 detenidos e imputación a militares, los avances a 6 años del caso Ayotzinapa

“No solo se están autorizando, de conformidad con la ley, órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Tomás Zerón, también detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal y, también quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad, el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, expresó el presidente López Obrador ante los familiares de los normalistas.

Antes, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que la Defensa Nacional ha entregado mucha información de los Batallones de Infantería 27 y 35 de Iguala, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), que ya ha sido entregada a la FGR, además de que la Sedena ha puesto a disposición de la Comisión Presidencial y del Ministerio Público, a todos los elementos del 27 Batallón para que declaren y reiteró que en algunos casos ya se han iniciado, los procesos penales.

“(Se entregó) toda la información del personal castrense, antecedentes, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías, videos y órdenes de operación”, detalló el subsecretario.

En total se ha detenido a 34 personas entre delincuentes, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, expolicías federales y policías municipales, que suman 80 personas detenidas al momento. Hasta ahora no se hizo mención a ningún militar.

Como joya de la corona, presentaron la orden de aprehensión de Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio pública, encargada de “legalizar la llamada verdad histórica”.

Las líneas de investigación

Alejandro Encinas señaló que los avances en las nuevas líneas de investigación se demuestra que en ningún momento, los 43 estudiantes estuvieron juntos.

Lo anterior al analizar y conjuntar millones registros de comunicaciones telefónicas que al final arrojaron 116 números telefónicos, ubicados en las zonas de los ataques durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Con este análisis, hoy se cuenta con información que permitirá a la FGR determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quienes cometieron las agresiones contra los estudiantes, sus comunicaciones y desplazamientos en la ciudad de Iguala y municipios circunvecinos.

Además, detalló Encinas, con esto se establece el papel de la estructura delictiva en la toma de decisiones, horarios de los hechos y un seguimiento por minuto por minuto de los actores principales.

"(Esto) evidencia científicamente que la verdad histórica carece de respaldo comprobable y demuestra que, en ningún momento, los 43 estudiantes estuvieron juntos".

De acuerdo con la autoridades con esto se avanza en dos líneas:

1. La identificación, detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes, entre los que se encuentran integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías municipales, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

2. La detención de las autoridades y servidores públicos, que por acción, omisión o complicidad incurrieron en delitos vinculados con la desaparición forzada.

Zerón, constructor de la "mentira" histórica

De acuerdo con funcionarios del gobierno actual, desde el presidente Enrique Peña Nieto, hasta policías municipales, se construyó una “verdad histórica” con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura en “beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, en el que el principal “orquestador” fue Tomás Zerón, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hoy prófugo en Israel.

En el informe a seis años de los hechos, se explicó que ddesde antes, hubo omisiones y violaciones que desembocaron en la desaparición de los estudiantes y en la fabricación de una mentira para ocultar y encubrir la realidad.

El fiscal general, Gertz Manero señaló que los jóvenes fueron víctimas de un “choque de intereses” entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal y en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en Iguala, un “centro neurálgico de distribución de la droga en la Sierra de Guerrero”, vital para quienes comercia en la Zona Metropolitana del Valle de México y los trasiegan a Estados Unidos.

En ese contexto, dijo, los jóvenes quedaron en medio del choque de intereses, pues reveló hubo una matanza de 80 personas simultánea a la desaparición, en esa “lucha feroz” entre criminales y encubridores burocráticos, que nunca se le dio seguimiento.

Entre las pruebas que demuestran que desde el inicio se intentó ocultar la verdad y proteger a los verdaderos responsables, se señaló que el día de los hechos –el 26 de septiembre de 2014– las cámaras del sistema de comunicación “C4” que debieron registrar los hechos, pero “dejaron de funcionar parcialmente” y los radios se apagaron en diversos momentos.

Desde una videollamda, el fiscal Gertz expuso que las autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia Estatal en Iguala.

“En la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo Federal, para ocultar y encubrir sus colusiones, primero, acusó a las autoridades locales; y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso. De esa manera, el Gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado, para lo cual detuvieron y torturaron, masivamente, a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente”, afirmó Gertz.

"Tergiversaron la verdad"

Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) —que en la administración anterior salió del país en confrontado con el gobierno de Peña Nieto por su negativa a cooperar con la investigación— explicó que la PGR y el Ejecutivo anterior construyeron y respaldaron un relato a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura y la tergiversación de la verdad, que fue alertado por el organismo, pero ignorado por las autoridades.

“Hubo pruebas que se destruyeron y que se contaminaron y que ahora no se pueden utilizar y hay líneas de investigación que se ocultaron o tergiversaron. Desde el GIEI, se advirtió de las consignaciones que se hicieron con pruebas ilícitas o insuficientes (…) El GIEI llamó la atención sobre estos aspectos desde el primer informe realizado durante su mandato y las previsiones de las que alertamos a las autoridades no fueron tenidas en cuenta”, dijo.

Posteriormente, hubo violaciones masivas a los derechos humanos y al debido proceso para que las consignaciones se fueran cayendo para encubrir a los policías y autoridades federales.

El responsable de todo esto de acuerdo Gertz: Tomás Zerón, el “vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda la mentira y falsedad" y a quien imputa un robo de 1,000 millones de pesos de la PGR.

¿Y en dónde están los estudiantes?

Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos por las autoridades en avanzar en la investigación la principal pregunta y petición de los padres aún no está resuelta: no se sabe aún donde están sus hijos, por lo que para ellos se llega a esta fecha con las manos vacías y sin saber aún de su paradero.

"Nosotros queríamos llegar hoy, 26, con algo más, entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada", le dijo al presidente López Obrador María Martínez, madre del normalista Miguel Ángel Hernández, uno de los 43 desaparecidos.

Sobre el paradero de los estudiantes, se informó que se han realizado acciones de "búsqueda en vida", sin que a la fecha se cuente con algún indicio. En el tema de la recuperación de restos óseos, se indicó que se han explorado 217 puntos de interés en seis municipios de Guerrero.

Del más de un centenar de fragmentos óseos que se han encontrado y enviado a su análisis, la Universidad de Innsbruck encontró la coincidencia genética de un resto recuperado en el ejido de Cocula, con la familia del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Nada en concreto del paradero de los estudiantes. Y los padres reprochan: "Para nosotros cada día que pasa, pues ahora sí que nos desespera, llega día y noche y no sabemos nada, salimos y regresamos a la casa con las manos vacías", señala la madre de Miguel Ángel.

"Yo quiero pedirle que así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defraude (...) no es posible que los delincuentes sean más poderosos que usted, señor presidente".

Este 26 de septiempre, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció los esfuerzos de las autoridades pero advirtió que aún no se logran romper los pactos de impunidad que impiden conocer la verdad.

"Los esfuerzos de las familias y la voluntad de actuar de las autoridades sientan bases sólidas para romper los pactos de silencio e impunidad que, a pesar de los importantes esfuerzos y logros de este año, aún impiden conocer la verdad de lo ocurrido a los estudiantes", se indicó en un comunicado.