AMLO llegó a su Segundo Informe de gobierno con más frentes abiertos que nunca. Movimientos en el gabinete, cierre de subsecretarías en carteras que están en llamas –como salud y la gobernabilidad–; una caída –moderada pero constante– en sus niveles de popularidad; videoescándalos que dañan su imagen de hombre honesto pues lo vinculan con posibles actos de corrupción electoral, y la peor contracción de la economía desde la Gran Depresión en 1932.
Ante este escenario de pesadilla, AMLO ha optado por seguir ampliando la presencia de los militares, no sólo en las labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional –que aún no es un cuerpo civil y sólo cuenta con formación castrense– y en la construcción de infraestructura crítica –como el aeropuerto Felipe Ángeles–, sino que ha anunciado que en menos de un año duplicará el número de cuarteles para albergar a los elementos que estarán desplegados en todo el país.
También ha participado a los mexicanos que la pandemia se ha atendido mejor gracias a los militares y –de entre todos los miembros del gabinete– ha mencionado por nombre sólo a dos de sus secretarios para agradecerles el apoyo durante la contingencia: al General Secretario Luis Crecencio Sandoval, de la Defensa Nacional, y al Almirante Secretario, José Rafael Ojeda, de la Secretaría de Marina. Es decir, AMLO claudica una y otra vez en su promesa de regresar a los militares a los cuarteles haciendo justo lo contrario. Y eso sin mencionar que durante la actual administración la Semar ha tomado el control de los puertos marítimos, antes a cargo de la SCT, ni que la Sedena ha estado a cargo de labores de urbanismo y construcción de vivienda en diversas zonas del país.
Y no es que los militares tengan intenciones ocultas de absorber toda la agenda pública, según consta en testimonios que dan cuenta de que las propias Fuerzas Armadas no están de acuerdo sustituir a la policía, ni de dedicarse a labores distintas a las que les confiere la Constitución.
