Son contadas las oportunidades que tiene un país para tomar la decisión de hacerse cargo de los crímenes que ocurrieron en su pasado, de encarar los agravios que se acumulan en el sótano de las injusticias jamás reconocidas, de tratar de limpiar la podredumbre política que causa la perpetuación de la impunidad. México ha contemplado esa posibilidad en dos ocasiones. La primera fue con la derrota del PRI en la elección presidencial del 2000; la segunda, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
A pesar de las grandes diferencias que separan uno y otro momento, en ambos se consideró emprender un proceso de “justicia transicional”, es decir, poner en marcha un “amplio espectro de procedimientos y mecanismos vinculados al propósito social de habérselas con un legado de abusos a gran escala, a fin de garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación”, un componente crucial para la consolidación de un verdadero estado de derecho, según la definición de la ONU ( https://bit.ly/3h92J6O ).
