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Justicia a la mexicana: la ficha o el látigo

El caso Lozoya tiene mucho potencial para ser un parteaguas en la historia de la justicia mexicana, pero el manejo que le está dando el gobierno puede convertirlo en otra oportunidad perdida.
mar 18 agosto 2020 11:59 PM
(Obligatorio)
El presidente López Obrador solicitó que se hicieran públicos los videos del caso Lozoya.

Son contadas las oportunidades que tiene un país para tomar la decisión de hacerse cargo de los crímenes que ocurrieron en su pasado, de encarar los agravios que se acumulan en el sótano de las injusticias jamás reconocidas, de tratar de limpiar la podredumbre política que causa la perpetuación de la impunidad. México ha contemplado esa posibilidad en dos ocasiones. La primera fue con la derrota del PRI en la elección presidencial del 2000; la segunda, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

A pesar de las grandes diferencias que separan uno y otro momento, en ambos se consideró emprender un proceso de “justicia transicional”, es decir, poner en marcha un “amplio espectro de procedimientos y mecanismos vinculados al propósito social de habérselas con un legado de abusos a gran escala, a fin de garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación”, un componente crucial para la consolidación de un verdadero estado de derecho, según la definición de la ONU ( https://bit.ly/3h92J6O ).

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En el primer episodio, durante el sexenio de Vicente Fox, esa visión formó parte de una nueva política para enfrentar violaciones a los derechos humanos, sobre todo las perpetradas contra movimientos armados y de oposición durante el periodo conocido como “la guerra sucia”. Dicha política tuvo un flanco externo importante, que se expresó en la celebración de múltiples acuerdos y tratados, en una apertura sin precedentes y el reconocimiento de la jurisdicción de órganos convencionales internacionales.

Su flanco interno, sin embargo, materializado en el establecimiento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, resultó un fiasco. No sólo por las dificultades inherentes a un proyecto de semejante naturaleza y magnitud, sino porque el gobierno foxista estuvo dispuesto a usarlo en sus negociaciones con el PRI y a sacrificarlo en aras de procurar una muy malentendida “gobernabilidad”.

El segundo episodio, en el sexenio de López Obrador, todavía está en curso. Salvo por un par de medidas muy concretas relacionadas con los derechos humanos (me refiero a los trabajos la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y al nacimiento de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa), su apuesta parece mucho más orientada hacia el problema de la corrupción.

El ejemplo emblemático en ese sentido es el “caso Lozoya”, sobre el que hay abundante evidencia periodística, filtraciones sumamente comprometedoras y una justificada furia que lo dota de plena credibilidad al margen de que logre, o no, sustentarse jurídicamente. He ahí su tremenda fuerza y, al mismo tiempo, su trágica debilidad. Porque se trata de un caso con inigualable potencial para convertirse en un parteaguas en la historia de la justicia mexicana, pero cuyo manejo por parte del actual gobierno puede terminar convirtiéndolo en otra oportunidad perdida.

 

Por un lado, lo de Lozoya no se inscribe en ningún marco de referencia susceptible de ser considerado como la política de justicia transicional del lopezobradorismo sino, acaso, en el contexto de las crisis provocadas por la epidemia y en la coyuntura de una elección intermedia para las que resulta sumamente capitalizable.

Por el otro, está la circunstancia de que López Obrador ha optado por no guardar su sana distancia frente al caso y todos los días trata de ordeñarlo, hablando sobre declaraciones que no son públicas, sobre videos que deben ser exhibidos o incluso proponiendo hacer consultas populares al respecto.

Si de veras aspirara a que esta vez fuera diferente, no insistiría en eso que el colega Javier Cruz Ángulo ( https://bit.ly/2FsrYmo ) ha llamado el resbaladizo empeño de “sustituir el camino de la ley por el de la política”. La noción de justicia que está promoviendo el presidente tiene poco que ver con el derecho y todo que ver con otra noción muy malentendida de “gobernabilidad”. Si para Fox se trataba de tener una ficha para negociar con sus opositores, para López Obrador parece tratarse de un látigo para mantenerlos a raya. No es igual pero, a fin de cuentas, desemboca en lo mismo.

#QuéPasóCon... Emilio Lozoya

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

 
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