Cuentan las malas lenguas que, en semanas recientes, la defensa de Rosario Robles ha emprendido una peregrinación entre personajes y grupos del mundo político, académico y de comunicación, voces con “influencia”, a quienes buscan convencer de que la Fiscalía General de la Republica y el Poder judicial Federal están tratando a la hoy vinculada a proceso con “medidas procesales muy rigurosas” (lo que quiera que signifique), tomando como punto de comparación el trato que ha recibido recientemente Emilio Lozoya.
Robles vs. Lozoya
Preocupa que la defensa de Rosario Robles aproveche para abogar injustificadamente por un trato más privilegiado hacia su representada.
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En efecto, estas dos escandalosas tramas de corrupción tienen similitudes: el mismo jefe, las mimas épocas y fueron descubiertas por el acucioso trabajo de periodistas y organizaciones, que bajo los honorables nombres de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad alzaron la voz y con evidencias dieron cuenta de que las cosas no iban bien en Sedatu, en Sedesol y en Pemex.
Más aún, el principal común denominador de ambas tramas, sin duda, es la imposición política sobre la justicia. Situación que ha sido manifiesta a través de una desbordada ineficacia de la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir ambos delitos, acompañada de una pizca de soberbia y ensimismamiento que ha impedido la participación de la sociedad civil en el procedimiento, pese a ser la única y genuina víctima.
Pese la similitud de los fenómenos delictivos, los casos, en efecto, han tomado diversos rumbos que, a primera vista, pareciera que para uno ha habido concesiones y para la otra una supuesta “mano dura”.
La diferencia más aparente es que Robles ha llevado su proceso penal en prisión preventiva, cosa que parece que no sucederá en el caso Lozoya.
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Sin embargo, si bien es cierto que considerando la similitud de los casos pareciera incongruente esta diferenciación, preocupa que la defensa de Robles aproveche para abogar injustificadamente por un trato aún más privilegiado hacia su representada, en lugar de que la ciudadanía se indigne y exija que Lozoya sea juzgado con todo el peso de la ley. Con independencia de que Robles –malamente- solo esté vinculada por el delito de ejercicio indebido del servicio público a diferencia de los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero por los que está siendo investigado el exdirector de Pemex, ¿podríamos sostener que es evidente que la prision preventiva es una medida excesiva para ambos personajes que están siendo investigados por participar activamente en redes de corrupción que dañaron el patrimonio público?
Es relevante recordar que la investigación que culminó en la judicialización y vinculación de la señora Rosario resultó de la denuncia presentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y TOJIL en la que de forma muy distinta a lo que hizo la Fiscalía, no solo se señalaba a la extitular de Sedesol y Sedatu, sino a toda una aparente red criminal.
Pese a ello, la FGR ha limitado este gran caso solo al personaje de Rosario Robles, solo a un delito de omisión de sus deberes [1] y vendiendo una prisión como una condena anticipada. Indicando que todo esto acabará en otro muy tradicional caso de impunidad.
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Así que la obra dramática montada por la defensa de Robles, lejos de generar empatía, debería despertar en la ciudadanía indignación de que el caso Lozoya vaya a ser otra historia de impunidad. Una historia que aun y cuando en este caso sí hay investigación por el delito de cohecho y lavado de dinero, la Fiscalía y los jueces han otorgado privilegios para el ahora vinculado a proceso como, por ejemplo, cuando ilegalmente le dieron un respiro de 10 días para que el recién extraditado se repusiera en un hospital, incumpliendo el deber de ponerlo a disposición inmediata de los jueces.
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Adicionalmente, el Poder Judicial Federal se ha distinguido por imponer opacidad en el caso, y la Fiscalía renuncia a la posibilidad de solicitar prisión preventiva (justificada a causa de que tiene dos procedimientos por delito doloso en curso), y el Fiscal General apertura las subastas de criterios de oportunidad a cambio de información, que sin verificar sí es verídica y confiable, ya se anuncia en conferencias de prensa, como si fuera el logro de una sentencia.
En el caso Lozoya, TOJIL también ha solicitado tener el carácter de víctima, la Fiscalía ha sido fiel a sus arcaicos criterios de negar la participación a las víctimas de corrupción en el caso. Pero esperamos que hoy los jueces sí estén del lado correcto de la ley pero sobre todo de la justicia.
Que en los casos Robles y Lozoya no se compita por tener más o menos privilegios, por ver a quién le dan prisión y a cual no, o por definir cuál termina siendo un caso de impunidad más escandaloso, sino que se distingan por la transparencia en lugar de la opacidad, por reconocer a las víctimas su lugar y, sobre todo, por esclarecer los hechos, desmantelar las redes de corrupción y reparar los daños.
#QuéPasóCon... Rosario Robles?
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Notas:
[1] Ejercicio Indebido del Servicio Público
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de las autoras.
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