Al inicio de la 4T, su forma de gobernar se planteó muy centralista. Se buscaba que los super-delegados se conviertieran en un brazo del presidente en los estados y un contrapeso electoral a la figura de los gobernadores.
Conforme pasó el tiempo, y sobre todo ante la pandemia, el sueño centralista se desdibujó. La federación todavía tiene la sartén por el mango pero cada vez transfiere más responsabilidad a los estados.
El problema es que a la par de la transmisión de responsabilidades no ha venido una transmisión de recursos. Los estados han tenido que endeudarse para proveer apoyos a sus ciudadanos, o como es el caso de la Ciudad de México, recurrir a sus recursos.
Tampoco ha habido una apertura para renegociar los términos del semáforo federal. La crítica más dura es que tal cual está diseñado, el semáforo castiga a los estados que realizan más pruebas. Esto se debe a que cuando se hacen más pruebas es más fácil encontrar casos positivos. Por tanto, la probabilidad de rojo aumenta para los estados que realizan seguimiento de contactos. Esto es un severo problema en el diseño del semáforo.
En respuesta a todo esto, la rebelión de gobernadores ha comenzado. Con distintos niveles de estruendo, varios gobernadores ya han comenzado a pedir su salida del pacto federal.
Los gobernadores quieren entrarle a gobernar solos. Y ello estaría muy bien si tan solo pudieran.
La realidad es que es más fácil criticar que gobernar. Estudio tras estudio ha quedado demostrado que los gobernadores no son capaces de realizar labores de gobernanza básica y que pocos han hecho esfuerzo por profesionalizarse.
Celebro que los gobernadores quieran expandir su mandato, pero ello solo debe hacerse si se les piden tres compromisos.
Primero, comprobar que pueden aumentar la recaudación de impuestos estatales de manera significativa. Esto no ha sucedido en la mayoría de los estados. La tenencia es un ejemplo de cómo los gobernadores simplemente no pueden (o no quieren) cobrar impuestos. Desde que la tenencia se volvió un impuesto estatal, la recaudación real del impuesto se redujo en 23%. En algunos lugares se eliminó prácticamente por completo.
Segundo, si los gobernadores quieren repensar el pacto fiscal deben comprobar que tienen capacidad y voluntad para luchar en contra de la corrupción. Las partidas de dinero que van a los estados son las que mayores irregularidades presentan. El gasto en salud, por ejemplo, ha sido un festín de malos manejos con miles de millones de pesos perdidos.
Más aún, varios gobernadores abiertamente han intentado boicotear o capturar a los sistemas locales anticorrupción. Existen amplios escándalos también de captura de la prensa y de falta de transparencia. El nivel de institucionalización de ciertos estados es paupérrimo.
Finalmente, un tercer reto es demostrar que los gobernadores pueden coordinar, y volver más eficientes, a los gobiernos municipales. Varios gobernadores tienen una relación muy distante con los gobiernos municipales y prácticamente los dejan a su voluntad. Sin una apropiada coordinación, los municipios no han podido ni ordenar su catastro.
No se puede dar más responsabilidad a gobernadores que no tienen capacidad de realizar las labores que les han sido encomendadas hasta ahora. El federalismo no es un regalo y una carta en blanco, es una responsabilidad.
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