Si bien este consejo aplicaría para todos los funcionarios de la administración pública, es clave para aquellos que lo hacen en el Sector Salud; puesto que en la salud el impacto tiene que ver con la formulación de políticas públicas que inciden directamente en la calidad e incluso en la vida de personas a las que se tiene proteger aún en momentos de crisis como las que esta pandemia sigue generando. Por ello, además del valor técnico, debe sumarse el conocimiento de la administración, requisito ya previsto por ejemplo en la Ley de Los Institutos Nacionales de Salud para quienes pretendan ocupar el encargo de la Dirección, propuesto por quien esto escribe en la LX legislatura.
Como hemos venido señalando desde el Congreso de la Unión y ahora es una realidad confirmada, el subsecretario Hugo López-Gattell ha optado por convertirse en un actor político más que en uno científico técnico, que es lo que su posición demandaría, condición que ya lo ha metido en afrentas innecesarias con gobernadores, burócratas, padres de familia, grupos de pacientes, periodistas y el sector privado.
En su calidad de secretario de Salud (en funciones fácticas), tanto al frente del Consejo de Salubridad General como en la Dirección (¿Coordinada?) del IMSS, ISSSTE e INSABI, ha traído al país sin una visión clara de hacia dónde se dirigen los esfuerzos de la “Cuarta Transtornación (Sic.)” pues la planeación y la programación no son su fuerte al parecer.
Cito tres ejemplos contundentes: la Ausencia del Plan Sectorial de Salud que debió haberlo presentado hace más de 6 meses; la Ausencia del Plan Nacional de Salud con casi mismo vencimiento; la Ausencia de la Normativa del INSABI, responsable a decir de ellos de la atención de 73 millones (más los 12 millones que han quedado sin empleo) de personas sin seguridad social, vencida el 30 de junio y que provoca que no sean definidos los principios básicos del derecho a la protección de la salud como qué padecimientos, insumos y medicamentos serán incorporados “progresivamente” en su realismo mágico en coordinación con las entidades Federativas.