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#ColumnaInvitada | La muerte de un juez

El asesinato del Juez Uriel Villegas Ortiz tiene que leerse claramente como es: un reto abierto al Gobierno de México y a sus instituciones, escribe
vie 19 junio 2020 11:00 AM
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Investigación del homicidio del juez Uriel Villegas.

Séneca dijo: “El semblante del juez debe ser tranquilo e impasible, sobre todo cuando pronuncia alguna sentencia importante”. La noticia de la ejecución del Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio Uriel Villegas Ortiz y su esposa en el estado de Colima pareció no tener la relevancia para la clase política ni para el aparato gubernamental.

Es evidente que este crimen tiene relación con las funciones y tareas en las que el Juez participó, sus últimas tareas fueron como titular del Juzgado Sexto de Distrito, entre otras cosas ordenó el traslado de Rubén Oseguera González (a) “Menchito", hijo del sanguinario líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización criminal que en el último sexenio consolidó su poderío económico y de fuego en el país y expandió sus operaciones a casi una decena de entidades federativas.

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La delincuencia organizada tiene diversas formas de gestionar sus actividades criminales y en especial las relacionadas con las autoridades a las que tratan de captar con dinero o amenazas, con la vieja fórmula del “Plata o Plomo”.

A lo largo de la historia han asesinado a políticos, policías, fiscales y Jueces, aunque los funcionarios del Poder Judicial han sido los menos afectados por la violencia criminal, por lo que el asesinato del Juez Uriel Villegas Ortiz tiene que leerse claramente como es: un reto abierto al Gobierno de México y a sus instituciones, que plantea que los criminales no tienen miedo y están dispuestos a enfrentar a la fuerza pública.

En Italia, la mafia conocida como la Cosa Nostra asesinó a una larga lista de jueces para tratar de frenar investigaciones en su contra, pero los asesinatos que cimbraron a toda Italia fueron los de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en 1992, por la cantidad de víctimas colaterales y por ser los principales articuladores en la lucha contra la mafia de aquel país y culminó con el llamado maxiproceso, que llevó a prisión a más de 400 criminales de la mafia italiana.

La delincuencia organizada en México puede tratar de replicar las estrategias italianas de intimidación enfocando sus baterías en contra de integrantes del Poder Judicial, por lo que es apremiante crear mecanismos eficaces de protección a Jueces Penales que, por tratar asuntos del crimen organizado, pongan en riesgo su integridad física.

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En el sexenio anterior se creó dentro del Consejo de la Judicatura Federal una Dirección General encargada de implementar servicios de escolta y protección para los juzgadores federales que estuvieran en riesgo por sus labores; sin embargo, se desconoce si el actual Gobierno continuó asignando recursos económicos a esta área, recientemente el hermano de la víctima dio a conocer que el Juez Villegas Ortiz contaba con escolta de protección pero que ésta le fue retirada al inicio de la presente Administración.

La protección de los jueces penales que conozcan de asuntos relevantes debe ser una prioridad para el Gobierno Federal, debe reorganizarse el área que ya existía en la Judicatura Federal y dotarla de todos los recursos necesarios para brindar servicios de protección adecuados, también es tiempo de empezar a considerar la figura de los “Jueces sin Rostro”, que en Italia fue vital para ganar la batalla al crimen organizado y erradicar su cobarde tarea de asesinar a todos aquellos funcionarios que impidan su labor.

El Gobierno debe tomar con seriedad el reto lanzado al Estado por los criminales y tomar medidas claras y contundentes que no deje lugar a dudas, que no va a permitir que los delincuentes “secuestren al Estado” y que la lucha contra los cárteles de la droga tiene que continuar con todos los recursos legales y materiales del Gobierno, que culmine en la derrota de los criminales y terminar con la cobarde agresión en contra de servidores públicos.

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Nota del editor: el autor ha laborado en dependencias de la Administración Pública; Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Policía Federal. Es maestro en Ciencias Penales, profesor universitario, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Licenciado en Derecho, expositor y capacitador de diversos destacados diplomados en Juicios Orales, Mercadotecnia Política, entre otros. Actualmente se desempeña en el sector privado, cómo socio consultor en Consultoría “CMC Análisis e Inteligencia Empresarial”, empresa enfocada en la realización de auditorías y diagnósticos en seguridad, capacitación a cuerpos policiacos, diseño de equipos de seguridad patrimonial, investigaciones, entre otras.

Twiter: @RCelayaG

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Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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