Estamos a escasos 12 meses del día más importante en la historia cívica de México en lo que va de este siglo, y probablemente de los últimos 100 años. No exagero un ápice. Y no es solamente el hecho de que ésta será la elección más grande en el registro nacional, sino lo que implica. Tenemos así que el 6 de junio de 2021 con un padrón electoral de unos 95 millones de personas, se instalarán más de 166,000 casillas (más del triple que en 2018, porque por primera vez las elecciones federales serán simultáneas con las locales en 32 estados), y en esa jornada se van a definir los puestos de 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 1,063 diputados locales, más de 1,900 ayuntamientos en 30 estados y las 16 alcaldías en CDMX. Son casi 3,500 puestos que se van a definir. Un momento crucial como se le vea.
#ColumnaInvitada | La gran cita ciudadana
Pero la importancia no es solamente numérica y la gran complejidad de despliegue territorial. No. Hay un tema mucho más importante y que tiene que ver con la definición del país que se quiere. En esta elección nos jugamos en todo el país una revisión profunda respecto al rumbo que ha tomado la nación en base a las decisiones y omisiones por parte de quienes hoy tienen las riendas momentáneas del país (porque la democracia implica por definición puestos con vigencias temporales). No somos pocos los que tenemos serias dudas respecto a la idoneidad de lo que se ha venido decidiendo a nivel federal, particularmente cuando en teoría el propósito es presuntamente apoyar a los que menos tienen.
Pueden revisar los registros periodísticos para constatar que en sexenios previos fuimos severos en criticar errores entonces cometidos, incluyendo en particular los temas de inseguridad, injusticia, impunidad, injusticia e inequidad. Desde la sociedad civil y la prensa libre es nuestra obligación ser contestatarios con los que nos gobiernan, precisamente para que no se pierdan ni abusen del poder. En esas tareas no caben las excepciones, no lo ha sido en el pasado, no puede serlo ahora.
Para muestra un botón. En el sexenio antepasado, levantamos la voz ante las nocivas consecuencias de lanzar una guerra contra las drogas por la vía militar y no nos equivocamos en cuanto a su pernicioso devenir. En el sexenio pasado, seguimos insistiendo en dicho tema, pero además agregamos un fuerte reclamo ante el escandaloso cúmulo de corrupción e impunidad de un régimen que se convirtió en una verdadera cleptocracia y cuatecracia encabezada por Videgaray y Peña Nieto (en ese orden). Paradójicamente, fueron esos excesos los que sentaron las bases para el resultado electoral de lo que hoy se conoce como el "accidente democrático" de 2018.
Así estamos ya en la antesala de la evaluación de mitad de sexenio que vendrá en menos de 12 meses. Es el gran momento para que la ciudadanía determine con absoluta libertad si aprueba la serie de decisiones que desde el 2 de julio de 2018 se han venido tomando por Morena y la 4T en todos los lugares donde tienen participación. Debo destacar que desde el Presidente hasta legisladores y funcionarios, ante la severa crítica de lo que han hecho o dejado de hacer, se han escudado en decir que ellos están actuando conforme a lo que propagaron en sus respectivas campañas electorales. Yo discrepo y me explico por qué.
Las principales ofertas en campaña fueron el que se realizaría una imbatible batalla contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Si a eso se hubieran dedicado y nos hubieran dado los resultados conducentes, estoy seguro que hoy estaríamos apoyando la ruta de éxitos obtenidos. Pero la historia es radicalmente distinta. Tenemos hoy un país con un mayor nivel de inseguridad y homicidios dolosos (y miren que eso era difícil), con una economía destrozada y a punto de entrar a una recesión masiva (caída mayor al 10% del PIB), instituciones debilitadas (incluyendo el sistema de salud en medio de la pandemia más grande de la que se tenga registro en 100 años), transparencia inexistente en compras públicas (casi el 80% de las adquisiciones por adjudicación directa), finanzas públicas frágiles (la apuesta a obras faraónicas y derroche en Pemex implica hemorragia masiva de recursos), destrucción de confianza en inversiones (cancelación del aeropuerto de Texcoco, cervecera en Mexicali, y plantas de energías renovables), y desprecio por el medio ambiente (uso de carbón, combustóleo y diésel para generación de electricidad y el tren maya, respectivamente). Es imposible que alguien en su sano juicio nos diga que estas acciones y resultados son compatibles con lo que ofrecieron lograr. No es cierto y la ciudadanía lo entiende bien, más allá de caer en politiquerías, demagogia, ideología y superficialidad.
Es por todo lo anterior que todos los electores de este país debemos hacer un esfuerzo muy importante de introspección y análisis. Para empezar reconocer que tradicionalmente y en general los ciudadanos hemos sido apáticos, desinteresados, y pasivos ante los manifiestos errores y abusos de los gobernantes. A partir de esa realización es que es inaplazable optar por una conducta distinta que implica ser críticos, exigentes y analíticos. El paso siguiente es involucrarse en los temas públicos, en las tareas comunitarias, en las decisiones vecinales, y por supuesto en los procesos electorales.
En 2021 se va a realizar entonces el mayor escrutinio jamás ofrecido para que los electores definan si la ruta actual del país es una que cuente con apoyo o si, como nosotros consideramos, es peligrosa, destructiva y causante de daños irreversibles. Cada uno de los ciudadanos mayores de edad tendremos la enorme responsabilidad de participar, romper el abstencionismo, y dar una opinión masiva y formada respecto a las personas que sean nominadas por los distintos partidos y escoger con todo cuidado aquellos que consideremos sean los más aptos para los fines que finalmente decidamos sean los que mejor nos convienen.
Parte del cambio que proponemos y favorecemos en acciones de sociedad civil, es que los partidos políticos de oposición actúen con enorme generosidad y responsabilidad ante la emergencia que enfrentamos ahora. Habrán de hacer a un lado sus intereses propios y clientelares, y dar cabida a las demandas centrales ciudadanas que deberán guiar sus acciones y determinaciones, en particular para este ciclo electoral en que nos jugamos el destino del país. La incorporación de candidatos ciudadanos y personas frescas es un reclamo generalizado ante el gran descrédito que existe por la filas tradicionales y el reciclaje de personas ya desgastadas.
Un tema central es que la solución a los problemas del país siempre tiene que ser dentro del cauce legal. Las ofertas que se aparten de dicho objetivo son reprobables. La democracia debe ser siempre el vínculo institucional entre lo que la ciudadanía opine y lo que resulte de los procesos. Ni más ni menos. Todos parejos ante los resultados, pero siempre con la expectativa y posibilidad de premiar o castigar a los servidores públicos en la siguiente jornada electoral. Y es que es entonces el 6 de junio de 2021 la gran cita ciudadana a la que nadie puede faltar porque ha llegado el momento de pasar de la crítica a la propuesta, del reclamo al ejemplo, de la inconformidad a la determinación.
El proceso ya empezó y la ciudadanía sabrá como exigir desde ahora a los partidos políticos igualmente salir del letargo y actuar con nuevo oxígeno para esta gran contienda en la que, por cierto, estoy seguro las mujeres y los jóvenes serán los actores principales, tanto en las candidaturas como en la emisión de votos. Por el bien del país que así sea. Nos urge su participación y victoria masiva. Al tiempo.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es secretario general de México Unido Contra la Delincuencia y socio del despacho Hogan Lovells BSTL.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
