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#ColumnaInvitada | Ley de Amnistía, una respuesta poco efectiva ante COVID-19

La pandemia de coronavirus llegó para destapar lo que muchos no quieren ver: un sistema punitivo como el de México no es una solución a los problemas de delincuencia y violencia.
lun 20 abril 2020 06:45 AM
reclusorio sur
El Sistema Penitenciario podrá tener cambios este lunes 20 de abril si se aprueba la Ley de Amnistía en el Senado.

Ahora que estamos a punto de entrar a Fase 3, después de un mes de confinamiento, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los legisladores están “muy preocupados” por acelerar la aprobación de la Ley de Amnistía en 309 centros penitenciarios para evitar más contagios de COVID-19, por lo que se plantea la utilización de herramientas como la indulgencia y la preliberación para beneficiar al menos a 6 mil 200 personas sentenciadas.

La amnistía contempla, en este contexto, otorgar el perdón a personas que sean sentenciadas por delitos no graves o sin violencia, como la interrupción voluntaria del embarazo, delitos contra la salud que hayan cometido personas en situación de pobreza, discapacidad o extrema vulnerabilidad, también para aquellos que hayan cometido robos simples sin violencia y los delitos por integrantes de pueblos indígenas, a quienes habitualmente no se les garantiza un debido proceso.

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Incluso, en este contexto hay quienes no apoyan la idea de atender estos sectores porque “son delincuentes” y “merecen lo que les toque”, otros pueden verse tentados a pensar que es un acto de solidaridad, pero la pregunta va más allá de pensar si lo merecen o no, preguntemos más bien a nuestras autoridades: ¿están conscientes de todo lo que es necesario para realizar efectivamente esta acción? Creo que no.

Estamos en pleno pico de contagio, la aprobación del Legislativo va a llegar demasiado tarde. No necesitamos esperar la Ley de Amnistía, hay acciones que se pueden llevar a cabo desde ya, revisar los casos para pre liberar a personas que tienen ese beneficio, hacer cambio de medida cautelar para quienes están en prisión preventiva, dar cumplimientos domiciliarios para aquellos que están en grupo de riesgo, por poner algunas.

Si la medida más efectiva para mantener la sana distancia y evitar el contagio masivo en centros penitenciarios es la liberación de estas personas, la acción debió realizarse hace un mes, no ahora.

Se podría liberar aproximadamente al 40% de la población penitenciaria ya sea con la Ley de Amnistía o por otros métodos para garantizar que sea lo más funcional posible, pero para ellos se debería prever que estas personas necesitarán movilidad del centro penitenciario a sus viviendas para disminuir las posibilidades de propagación, en caso de que sean portadores del virus, considerando que pudieron estar expuestos al coronavirus mientras estuvieron en cautiverio.

Aunado a esto, se deben asegurar servicios de sanidad inmediatos en las dependencias de salud y de manera paralela hacerles la entrega inmediata de sus documentos oficiales, porque de nada servirá que estén libres si no pueden acceder a los mismos derechos que todos los que no hemos estado en conflicto con la ley, además es otro foco rojo para la propagación del virus.

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Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no cuentan con una vivienda? Se deben establecer albergues para que puedan pasar el resto del confinamiento por coronavirus a salvo, si no, haberlos dejado en libertad se convertirá en una acción negligente. Autoridades, ¿estamos listos para la amnistía bien ejecutada?

El tratamiento poco asertivo que le hemos dado a las condiciones de nuestro sistema penitenciario a través de tantos años nos llevó justamente a esto, a una insuficiencia de recursos financieros, humanos, materiales y de instalaciones, para poder ofrecer un servicio integral y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran en internamiento.

Tenemos, de nuevo, una oportunidad de cambiar. Las prácticas penitenciales no deben continuar igual, la pandemia llegó para destapar lo que muchos no quieren ver: un sistema punitivo como el de México, no es una solución a los problemas de delincuencia y violencia, de hecho, es como tapar el sol con un dedo.

¿Podemos cambiar? Sí, revaluando qué medidas deben cumplirse en internamiento, con ello aspiramos a bajar el número de personas sobrepoblando los centros y el bienestar psicoemocional de las personas porque, aunque no lo crean, la cárcel no es la mejor opción para disminuir los actos delictivos y la violencia, solo es un catalizador de un sistema que ahora se pone una máscara de falsa solidaridad.

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Nota del editor: la autora estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública, con enfoque en Desarrollo Comunitario y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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