#ColumnaInvitada | Reflexiones en la antesala de una macrocrisis

Es un hecho que no vamos a poder cumplir con lo que se aprobó en el Presupuesto 2020, que ya había levantado dudas por ser optimista. El gobierno estimó que la economía iba a crecer 2%. Era dudoso hace tres meses; ahora es directamente fantasioso. Algunas estimaciones, como la de Credit Suisse, nos llegan a pronosticar un crecimiento este año, dadas las circunstancias, de -4%. El Gobierno también había estimado que la producción petrolera aumentaría 16%, lo cual ya era inviable desde un principio.

Con la recesión económica los ingresos serán sustancialmente menores a lo que se había presupuestado en la Ley de Ingresos 2020. La recaudación tributaria también disminuirá. El efecto sobre los ingresos petroleros dependerá de lo que suceda con el precio del crudo, la producción petrolera, el tipo de cambio y el alcance que efectivamente tenga el esquema de coberturas [1] , pero su merma será considerable.

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Encima de todo ello, la depreciación del tipo de cambio provoca que la deuda externa escale. Hoy nuestro gobierno debe mucho más, y eso, en una economía que en 2020 se espera que decrezca, pesará. Pongámoslo en números: el saldo de la deuda total a enero pasado, era de 10.8 billones. La estimación para finales de marzo apunta a los 11.8 billones. Un billón más en tres meses. Y como porcentaje del PIB el saldo pasó de 44.7 a 49.1.

Lo anterior añade presiones al gasto. Se espera un mayor costo financiero en un contexto en el que se requieren recursos extra para financiar un aumento en la operación del sistema de salud pública. Y no olvidemos que en nuestra economía más de la mitad de los agentes están en la informalidad: también será necesario apoyar a las personas y unidades económicas más vulnerables, que verán afectados sus ingresos.

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1. Las coberturas funcionan igual que un seguro en el que, a cambio de una prima, el gobierno obtiene el derecho de ejercer la cobertura cuando el precio del petróleo que Pemex exporta se sitúa por debajo del precio pactado a la fecha de vencimiento. Este seguro permite cubrir el ingreso del Gobierno federal ante caídas en el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación.

¿Qué puede hacer el gobierno para mitigar los efectos brutales en la salud pública, la economía, el consumo, empleo y productividad? Ya anunció reformas para la creación de un fondo de emergencia, el cual sacrificará la meta de superávit de balance primario, lo que implica más endeudamiento. Por lo pronto, es la única vía. Creo que esta medida va en el sentido correcto, pero no agrega gran valor, sólo hizo ‘oficial’ una realidad. Con la merma en los ingresos y las presiones por el lado del gasto, ese superávit no iba a cumplirse de todos modos. Sin embargo, el fondo necesita dinero y propuestas reales. Me refiero a información sobre los beneficios para personas y empresas, con los que buscan preservar el empleo e ingresos de las familias; también sobre el paquete para financiar la ampliación o adaptación de los servicios de salud. ¿Cuánto se requiere en verdad?

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Lo que sí está claro es que el gobierno federal debe redefinir prioridades. Para minimizar el impacto de la recesión económica su mejor instrumento es... la política fiscal. Además de hacer lo obvio –como reasignar gasto, cancelar programas y proyectos que no son prioritarios o que no generan valor, con la refinería de Dos Bocas como ejemplo emblemático–, debe dejar de concebir a Pemex como palanca de desarrollo.

Puede analizar la conveniencia de desempolvar los instrumentos del pasado que hayan sido efectivos en la mitigación de daños. Los programas sin reglas de operación y con efectividad desconocida deberán revisarse. Un mayor financiamiento para los servicios de salud es indispensable. Y –ni modo– debe valorar la vía de los impuestos. El objetivo es muy claro: lograr que la enfermedad cobre el menor número de vidas posible y evitar que millones de mexicanos pierdan su empleo u ocupación.

Ojalá que con esta experiencia aprendamos lecciones; una de ellas tiene que ver con la importancia de contar con una instancia apartidista que evalúa la política fiscal, que en estos momentos podría estar estimando el impacto en las finanzas públicas de esta severa crisis y contribuyendo a calcular soluciones.

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Notas del editor: la autora es coordinadora del programa de Gasto público de México Evalúa.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.