#ColumnaInvitada | Misoginia en la 4T

Es necesario recalcar que el Estado es cómplice y perpetrador de las violencias machistas que sufrimos todas las mexicanas.

En la búsqueda de ocultar la realidad que vivimos en México, pareciera que el gobierno maquilla números, un ejemplo son las cifras que recaba el SESNSP, quien en 2019 contabilizó 1,006 feminicidios, cuando la creadora del Mapa Interactivo de Feminicidios, María Salguero, registró alrededor de 2 mil 700 casos.

Además, este gobierno propone acciones “innovadoras” como invisibilizar los crímenes de odio y lesa humanidad. Nos encontramos en un crisis de derechos humanos en donde las más afectadas somos las mujeres.

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Y ante esta problemática vemos las “propuestas” de Martí Batres de cambiar el nombre a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, afirmando que con este cambio se le recordará al Estado sus omisiones; la de Gertz Manero de eliminar el delito de feminicidio, en donde aseguró que resulta complicado acreditar la violencia machista como causal.

No entienden que la falta de resultados y el escaso acceso a la justicia no tiene que ver con el nombre de una Ley o las causales del delito, sino con la falta de cumplimiento a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado; a la incapacidad de aplicar las leyes y evaluarlas desde el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, sumado a la falta de interés, capacitación y voluntades de los tres niveles de gobierno.

A estas propuestas retrógradas se suma la declaración del diputado Juan Carlos Leal Segovia, quien afirmó recientemente que las leyes a favor de las mujeres, como el delito de feminicidio “son un privilegio” y debe de eliminarse.

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la mañanera del 5 de febrero que no avanzaría la propuesta del Gertz: “En el caso de quitar causales para feminicidios dijimos: no, no se mueve, si se lleva a cabo una reforma, aun siendo buena, se puede malinterpretar”.

Informamos a Obrador que no basta con “frenar” una propuesta retrógrada para garantizar la seguridad de todas las mexicanas, no se trata de malas interpretaciones. Es urgente tener congruencia y asumir las propias declaraciones y propuestas que se presentan desde una postura machista.

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Necesitamos mandatarios y legisladores que reconozcan que carecen de una visión de género y derechos humanos. Es primordial que eliminen sus machismos y estructuras patriarcales, por bienestar del país.

Cuando esto suceda dejaremos de escuchar propuestas indignantes y violatorias a los DDHH, tales como las afirmaciones de Carlos Leal: “La palabra feminicidio violenta el Artículo 4 constitucional donde dice que los hombres y las mujeres en México somos iguales; entonces, se está agravando más a un hombre por violentar a una mujer que a una mujer por violentar a un hombre”. Ignorancia total.

Y justo hablando de la Constitución, durante el evento conmemorativo por su 103 aniversario de promulgación, el presidente de México celebró sus reformas en materia del combate a la corrupción y la impunidad, así como en seguridad y democracia. ¿Qué entiende por democracia y seguridad?

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Comentó que busca que el Congreso apruebe que los programas de bienestar se eleven a rango constitucional ¿será que al hablar de bienestar está reconociendo los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, entre ellos a la interrupción del embarazo así como la importancia de garantizar la seguridad integral, protección y el acceso a la justicia para todas las mujeres?

Y por lo tanto, asumir la responsabilidad del Estado en adoptar medidas urgentes para prevenir los feminicidios, homicidios y desapariciones forzadas de mujeres, además de reconocer el feminicidio como delito en todo el país.

La misma Olga Sánchez declaró: “El compromiso y tarea de la 4T, como usted señor presidente ha establecido, es preservar y ampliar el régimen de libertades y derechos que la Constitución consagra y el Gobierno de México está obligado y comprometido a hacer valer, en beneficio del pueblo”.

Es hora de demostrar con hechos la garantía de los derechos para las mexicanas, entre ellos el acceso a una vida libre de violencias. Urge transitar al diálogo real, democrático y corresponsable para construir acciones verdaderamente en apego a nuestra constitución y los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, se trata de vidas, de personas y no de ideologías o visiones partidistas.

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Nota del editor: la autora es Directora general de la Red Nacional de Refugios A.C. Un espacio compuesto por más de 60 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.