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#ColumnaInvitada: Corresponsabilidad del Poder Judicial en materia de seguridad

Las iniciativas de procuración de justicia que recibirá el Senado el 1 de febrero serán de gran importancia, pero también es relevante el papel de Poder Judicial y del Legislativo para la seguridad.
mié 22 enero 2020 06:25 AM
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Apoyo. Las reformas al sistema de procuración de justicia deben estar respaldadas por el Poder Judicial.

Constitucionalmente, garantizar la seguridad nacional, así como la seguridad interior, recae en el titular del Poder Ejecutivo Federal de conformidad con el artículo 89, sección VI, aunque los poderes del Poder Legislativo y Judicial en este asunto no son un tema que se discuta con frecuencia.

La seguridad nacional en México requiere plena cooperación de los tres Poderes de la Unión para estar totalmente garantizada, lo que significa que para asegurar el éxito de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, es requerido el apoyo, la cooperación y la corresponsabilidad de los poderes Legislativo y Judicial. Esta es la razón que explica las próximas iniciativas de ley que se presentarán en el Senado de la República el 1 de febrero para reformar ciertos procesos llevados a cabo por el Poder Judicial.

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Con respecto al Poder Legislativo, hasta ahora ha realizado su aporte a la política de seguridad nacional, al estar constitucionalmente facultado para ejercer el control y evaluación de la misma, y al estar pendiente de las necesidades legislativas que surgen para combatir la inseguridad.

No obstante, el Poder Judicial aún no está completamente involucrado para ayudar a mejorar efectivamente la situación de seguridad nacional en México. Es el único Poder del Estado que sabe menos sobre el campo, dado la poca cantidad de jurisprudencia publicada sobre seguridad nacional y seguridad interior publicada en la Semanario Judicial de la Federación; siendo estos asuntos prioritarios del Estado que no son una especialidad para jueces y fiscales.

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Con la excepción de la Corte Suprema de Justicia, se observa que los órganos del Poder Judicial no se perciben conscientes de la crucial importancia que representan o de su responsabilidad conjunta requerida para garantizar la seguridad nacional en México. Basta observar a los ministerios públicos que no contribuyen de manera efectiva y eficiente con las instituciones que conforman el gabinete de seguridad para emitir órdenes de cateo o de captura para detener las organizaciones criminales.

En muchos casos, la lentitud, omisión o negligencia de los actores judiciales en asuntos que impactan en la seguridad pública, interior o nacional retrasa la implementación de la Estrategia de Paz y Seguridad 2018-2024. Debe recordarse que el 17 de octubre de 2019, el narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, no tenía una orden de arresto, y cuando lo solicitaron las instituciones del Gabinete de Seguridad, ningún juez actuó para otorgar celeridad y seguridad jurídica a la operación especial que pudo haber asegurado su arresto. Este es un antecedente importante que justifica el paquete de iniciativas.

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Además, debe identificarse que los esfuerzos realizados por el Poder Judicial para realizar cambios internos para eliminar la impunidad y la corrupción son aún someros para evitar que los jueces liberen a las personas involucradas en delitos de orden común o federal, como secuestradores, sicarios, asesinos de agentes de policía, o feminicidas, incluso sin darles detención preventiva. En consecuencia, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas a menudo vuelven a arrestar a miembros delictivos que previamente fueron liberados por un juez.

Esto demuestra que, desde la óptica del Legislativo, el serio retraso en materia de seguridad nacional reside en la procuración de justicia y no en la estrategia implementada por las instancias del Gabinete de Seguridad a cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal, un argumento que seguramente será recurrido para promover la votación a las reformas judiciales próximamente presentadas y analizadas en el Senado de la República. La delincuencia se ha aprovechado de la laxitud del Poder Judicial y ello se busca limitar mediante una regulación legislativa que asegure la celeridad y la corresponsabilidad de este Poder de la Unión.

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Por lo tanto, el conjunto de iniciativas de reforma que se recibirán en el Senado de la República el 1 de febrero serán de gran importancia para alinear los esfuerzos del Poder Judicial con la Estrategia de Paz y Seguridad 2018-2024, a fin de actuar con mayor eficacia al combatir la corrupción, tomar en cuenta todas las pruebas relacionadas con la culpabilidad en una investigación de un presunto delincuente, así como reducir la discrecionalidad de jueces y magistrados para no aplicar la detención preventiva en casos relacionados con el crimen organizado, que provoca que muchos delincuentes escapen de la justicia. Empero, las iniciativas se deben revisar a profundidad para que se preserve el debido proceso, y evitar que surjan casos de inconstitucionalidad. Los puntos delicados del análisis residirán en la figura del arraigo y en modificaciones al amparo. Pero si salen bien, las reformas que se vislumbran en el próximo periodo legislativo podrán crear finalmente la dupla -seguridad y justicia- para combatir la inseguridad y disminuir los índices de incidencia delictiva que tanto afectan a los mexicanos.

El año 2020 augura cambios estructurales para el Poder Judicial. Será interesante observar la actuación del Poder Legislativo, que tendrá en sus manos la oportunidad para convocar a los órganos judiciales para que apliquen la Ley corresponsablemente a favor de la seguridad ciudadana, eje de la política de seguridad nacional del presente sexenio.

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Nota del editor: la autora es historiadora, maestra en Asuntos Internacionales con Especialidad en Política y Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac México.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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