Además, debe identificarse que los esfuerzos realizados por el Poder Judicial para realizar cambios internos para eliminar la impunidad y la corrupción son aún someros para evitar que los jueces liberen a las personas involucradas en delitos de orden común o federal, como secuestradores, sicarios, asesinos de agentes de policía, o feminicidas, incluso sin darles detención preventiva. En consecuencia, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas a menudo vuelven a arrestar a miembros delictivos que previamente fueron liberados por un juez.
Esto demuestra que, desde la óptica del Legislativo, el serio retraso en materia de seguridad nacional reside en la procuración de justicia y no en la estrategia implementada por las instancias del Gabinete de Seguridad a cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal, un argumento que seguramente será recurrido para promover la votación a las reformas judiciales próximamente presentadas y analizadas en el Senado de la República. La delincuencia se ha aprovechado de la laxitud del Poder Judicial y ello se busca limitar mediante una regulación legislativa que asegure la celeridad y la corresponsabilidad de este Poder de la Unión.
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Por lo tanto, el conjunto de iniciativas de reforma que se recibirán en el Senado de la República el 1 de febrero serán de gran importancia para alinear los esfuerzos del Poder Judicial con la Estrategia de Paz y Seguridad 2018-2024, a fin de actuar con mayor eficacia al combatir la corrupción, tomar en cuenta todas las pruebas relacionadas con la culpabilidad en una investigación de un presunto delincuente, así como reducir la discrecionalidad de jueces y magistrados para no aplicar la detención preventiva en casos relacionados con el crimen organizado, que provoca que muchos delincuentes escapen de la justicia. Empero, las iniciativas se deben revisar a profundidad para que se preserve el debido proceso, y evitar que surjan casos de inconstitucionalidad. Los puntos delicados del análisis residirán en la figura del arraigo y en modificaciones al amparo. Pero si salen bien, las reformas que se vislumbran en el próximo periodo legislativo podrán crear finalmente la dupla -seguridad y justicia- para combatir la inseguridad y disminuir los índices de incidencia delictiva que tanto afectan a los mexicanos.
El año 2020 augura cambios estructurales para el Poder Judicial. Será interesante observar la actuación del Poder Legislativo, que tendrá en sus manos la oportunidad para convocar a los órganos judiciales para que apliquen la Ley corresponsablemente a favor de la seguridad ciudadana, eje de la política de seguridad nacional del presente sexenio.
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Nota del editor: la autora es historiadora, maestra en Asuntos Internacionales con Especialidad en Política y Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac México.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
