La corrupción ocupa gran parte de la discusión política y no es para menos ante el alto impacto social y económico que representa.
A propósito del Día Internacional Contra la Corrupción –que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció conmemorar cada 9 de diciembre– te presentamos algunos datos para dimensionar este problema, uno de los principales en de México.
Todos hemos escuchado la palabra corrupción, sobre todo cuando hablamos de política, pero qué significa.
La RAE define a la corrupción como “una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
Mientras que David Arellano Gault, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), la define como “el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, publicada en 2020 , la población afectada por la corrupción aumentó 7.5%, al pasar de 14,635 por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15,732 en 2019.
Para los mexicanos, es uno de los problemas más importantes que enfrenta el país, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.
En el ránking del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 104 de 180 países.
Este estudio, que integra a 180 países a nivel global y tiene una puntuación que va del 0 al 100 —en donde 0 es muchísima corrupción y 100 es libre de corrupción—; México registró 31 puntos de calificación, mientras que Dinamarca y Nueva Zelanda obtuvieron 88 puntos.
Los tres estados en donde más víctimas de corrupción se reportaron por cada 100,000 habitantes fueron –según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019:
Los estados con menos víctimas reportadas fueron:
De acuerdo con la ENCIG 2019, por cada 100,000 habitantes, 10,798 experimentaron actos de corrupción al realizar un trámite en México.
En 2018, las 32 administraciones públicas estatales recibieron un total de 53,762 quejas y/o denuncias por la actuación indebida de los servidores públicos, señalan datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 (CNGSPSPE 2019).
En Sonora (13.8), México (6.2), Aguascalientes (4.0) y Oaxaca (3.0) es donde se registraron las tasas de denuncia más altas en el país en contra de funcionarios públicos.
Las tasas más bajas se reportaron en Guerrero (0.1), Colima (0.2) y Yucatán (0.2)
En 2018 fueron sancionados por corrupción 6,988 servidores públicos en 27 estados, 70% de los cuales se concentraron en cinco entidades: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Sonora; 82.1% fueron por faltas no graves y 12% por faltas graves.
Por cada 100 denuncias recibidas por las administraciones públicas estatales, en 2018 solo 13 servidores públicos fueron sancionados, reveló el mismo censo.
El INEGI estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de 7,217 millones de pesos, equivalente al 0.4% del PIB.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2019, el 61% opina que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando “bien” o “muy bien”.
Al cierre del 2018, 32 entidades habían realizado reformas a la Constitución local y expedido la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción; además, 31 entidades habían realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública. En total, 20 entidades habían concluido la armonización legislativa.
