Lo malo del sistema democrático es que los ciudadanos esperan algo a cambio de su voto. Por ejemplo, que las cosas funcionen. Y resulta que en algunas circunstancias no sirve de mucho, y entonces qué hacemos.
Por ejemplo, en las antes llamadas delegaciones de la Ciudad de México, hoy alcaldías , cuyas cabezas eligen los citadinos desde 2018. Por una vez el problema (falta de agua, presupuesto o seguridad) no es del todo culpa de ellos. Tampoco de los votantes. Es algo más complicado.
La Constitución de la Ciudad de México se tomó un año de discusiones, una asamblea, polémicas para dar el gran texto que pusiera a la gran ciudad en su lugar. Una de las contribuciones fundamentales es que quiso otorgar a las viejas delegaciones un poquito más de empaque, gravitas, autoridad.
No todo es política: detrás de este planteamiento hay argumentos de mejores prácticas de administración. La jefatura de Gobierno de la Ciudad no puede atender los problemas más locales en una urbe con una población flotante de 20 millones de personas. Darle autonomía casi de municipio a las 16 delegaciones es, sin duda, una fórmula en la dirección correcta: la gestión local está más cerca de los ciudadanos, resuelve de manera más rápida y con mayor rendición de cuentas.
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Lo cierto es que la Constitución le dio a estos cargos un buen nombre, porque en lo demás no les otorgó muchas facultades, ni recursos, ni herramientas. Bueno, sí, hacen bandos y esas cosas.
“La alcaldía es como una dirección general de una secretaría de la ciudad”, me dijo uno de los muchos alcaldes con que nos hemos reunido en Expansión Política para entender sus logros y sus retos. Como muestra de su irrelevancia, los puntos de acuerdo que toma el Congreso pasan por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad antes de llegar a ellos.
El problema se define fácilmente. Para empezar, los ciudadanos votan a un alcalde que resuelva sus carencias de pavimentación, seguridad, agua, áreas verdes y deportivas. Pero su alcalde tiene un escasísimo margen de maniobra.
Los problemas que quitan el sueño a los ciudadanos, como la falta de agua en Iztapalapa y cada día más delegaciones, o la seguridad, caen bajo la administración de la Ciudad. Es la buena “ondez” o voluntad, de la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum, la que hace que las cosas funcionen, según varios de los alcaldes.
Basta con un perfil menos colaborativo al frente de la ciudad en un futuro para convertir la gestión en una pesadilla. Y como dicen quienes saben de leyes, se debe legislar pensando en el peor escenario, con la esperanza puesta en que llegue el mejor. Con otro perfil al frente de la ciudad las cosas podrían ponerse feas.
Por supuesto que tienen cierto margen de maniobra. Pueden ser relativamente autónomos: pavimentar calles, contratar cuerpos auxiliares de seguridad o iluminar áreas. Pero son ridículos, dado que alrededor del 84% del presupuesto de una delegación está etiquetado. De esto, un 60% está asignado previamente nómina salarial, intocable para quienes están bajo el manto del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México.
En un marco de austeridad presupuestal, está bien difícil elegir qué calles asfaltar este año, porque el presupuesto da para dos.
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Dejo al margen el hecho de que las leyes secundarias de la Ciudad de México no se han aprobado. Que el contexto bajo el que se discutió la Constitución de la CDMX –la inviabilidad de que la izquierda que gobierna la ciudad desde 1997 llegara a la presidencia– ya no existe.
El hecho es que ser alcalde citadino es una buena plataforma para dar un salto a una posición mejor (Sheimbaum fue delegada/alcaldesa de Tlalpan), permite a los más hábiles colocar una agenda propia –género, seguridad o cultura–, y construir una base política. Pero tiene más de un elemento de pesadilla que llevan a esperar que se revise este marco administrativo tan disfuncional.
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Nota del editor: Alberto Bello es director de Hard News de Grupo Expansión.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
