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Operativo en Culiacán: ¡qué desastre!

Resulta imposible afirmar que el gabinete de seguridad opera coordinado cuando el mismo Alfonso Durazo ha dado, por lo menos, cuatro versiones del Culiacanazo, escribe Francisco Rivas.
mar 05 noviembre 2019 05:50 AM
Francisco Rivas
Francisco Rivas es director del Observatorio Nacional Ciudadano.

El pasado 17 de octubre un mal armado y mal ejecutado operativo en Culiacán puso en riesgo a toda la población de la capital sinaloense, afianzó el poder del cártel Sinaloa, mermó la confianza institucional y exhibió a un gobierno federal ineficaz, sin liderazgo ni estrategia.

Este operativo fue un desastre, un desastre que no se puede imputar a herencias del pasado, en el que la pérdida de vidas, las lesiones dolosas, los daños en propiedad y la ingobernabilidad están en manos del presidente López y del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Durazo. Un desastre que 15 días después se sigue complicando.

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El presidente, que todos sabemos experto de la comunicación, que define la agenda, que controla cualquier discusión y que impone su narrativa –sea esta verdadera o absolutamente falsa– frente a cualquier hecho, ha sido rebasado por el cuestionamiento de los medios, se tropieza, se contradice y llega a violar la ley con tal de intentar hacer un control de daños.

En parte es entendible, es una tarea titánica defender una supuesta estrategia que es incompatible con la función sustantiva del Estado, hacer respetar la ley.

Resulta imposible mandar un mensaje que el gabinete de seguridad opera coordinado y bien, cuando el mismo Durazo ha dado, por lo menos, cuatro versiones diferentes de los hechos; López y Durazo se han contradicho una y otra vez acerca de que sí y que no sabían del operativo, y es evidente la inconformidad del secretario de la Defensa, Sandoval.

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En un intento por terminar la discusión con medios de comunicación –que buscaban entender por qué el presidente no actuaba ante la mentira dicha por Durazo en su primera aparición tras este evento–, en la conferencia mañanera del pasado jueves 31 de octubre, el presidente obligó al secretario de la Defensa a revelar el nombre del encargado de dicho operativo.

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Deberíamos estar acostumbrados, un presidente que viola normas, lo hace constantemente, no obstante, este hecho supera en gravedad a muchos otros; viola (por lo menos) siete leyes que van desde la protección de datos, hasta la traición, según la norma castrense.

Aunado a eso el viernes 1 de noviembre, el presidente se corrige a sí mismo y declara que la información que habían revelado un día anterior sobre el responsable del operativo no era el correcto y suelta ante medios el nombre del verdadero encargado de la detención del presunto heredero de la organización criminal. Con esta decisión el presidente pone en riesgo la vida de estos militares y sus familias. Cualquier cosa les suceda, esa sangre estará en las manos y la conciencia de López.

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Además, genera un ambiente de incertidumbre para las Fuerzas Federales ¿cómo un integrante de la Guardia Nacional, del Ejercito o de la Marina Armada de México podrá seguir órdenes y exponer su vida, si a la primera el presidente les traicionará y los usará públicamente como carne de cañón?

Cabe preguntarnos si este desastre es impulsado por el mismo gobierno para distraer la atención ante la violación a nuestra Constitución en Baja California con una ampliación “patito” del gobernador morenista; el nulo crecimiento del país; la pérdida de empleos; la creciente crisis de violencia que hará de 2019 el año más violento de la historia o para tapar los otros 3 desastrosos operativos ocurridos la misma semana.

Recordemos que en el caso de Guerrero hay evidencias que apuntan a ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos".

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A lo mejor nunca sepamos realmente qué sucedió en el armado de este operativo; sin embargo, lo más grave es que este gobierno sigue sin responsabilizarse del tamaño del error cometido y sus consecuencias.

Donde no se reconoce error, responsabilidad y se fomenta la impunidad para mandos y delincuentes, no puede haber un cambio de ruta que sí logre generar paz en el país.

López prometió que en diciembre 2018 lograría la paz en el país y no cumplió. Aplazó el término a marzo, luego junio, luego octubre, en ningún caso cumplió.

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De nuevo Durazo y López se contradicen en torno al plazo en el que México será un país pacífico: el jueves pasado Durazo declaró que sería hasta 2024, menos de 24 horas después el presidente aclaró que será en 2020.

Lamentablemente, mientras el desastre de Culiacán acapara la atención pública, en el país la violencia sigue descontrolada.

Sin liderazgo, es importante que el presidente entienda que, con contradicciones constantes, sin estrategia y con un gobierno que promueve la impunidad ni para 2020 ni para 2024 se habrá de lograr la paz.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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