El presidente, que todos sabemos experto de la comunicación, que define la agenda, que controla cualquier discusión y que impone su narrativa –sea esta verdadera o absolutamente falsa– frente a cualquier hecho, ha sido rebasado por el cuestionamiento de los medios, se tropieza, se contradice y llega a violar la ley con tal de intentar hacer un control de daños.
En parte es entendible, es una tarea titánica defender una supuesta estrategia que es incompatible con la función sustantiva del Estado, hacer respetar la ley.
Resulta imposible mandar un mensaje que el gabinete de seguridad opera coordinado y bien, cuando el mismo Durazo ha dado, por lo menos, cuatro versiones diferentes de los hechos; López y Durazo se han contradicho una y otra vez acerca de que sí y que no sabían del operativo, y es evidente la inconformidad del secretario de la Defensa, Sandoval.
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En un intento por terminar la discusión con medios de comunicación –que buscaban entender por qué el presidente no actuaba ante la mentira dicha por Durazo en su primera aparición tras este evento–, en la conferencia mañanera del pasado jueves 31 de octubre, el presidente obligó al secretario de la Defensa a revelar el nombre del encargado de dicho operativo.
