#ColumnaInvitada: Un Estado patriarcal quita la seguridad integral a las mujeres

Tras sus declaraciones y ser amenazados con ser sujetos a procesos, los cinco políticos autores de estas frases, todos, miembros de Morena, pidieron disculpas, pero ¿son válidas? ¿Realmente internalizaron lo sexistas y violentos de sus comentarios? ¿Sus disculpas representan un cambio en el actuar de los funcionarios? Es claro que no.

Estas posturas discriminatorias y falaces arrepentimientos se replican en todos los ámbitos estatales.

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En un país en el que se denuncian 130 delitos por violencia de género al día, insistir en la impartición de justicia con perspectiva de género y derechos humanos es fundamental para hacer frente a los miles de casos que arrebatan el bienestar y acceso a sus derechos a miles de mujeres.

Diversos mandatos nacionales e internacionales establecen que las instituciones deben juzgar con esta perspectiva. Lamentablemente, su cumplimiento sigue siendo una ilusión, como lo demuestra el análisis de la Red por la Ciudadanización de la Justicia en su informe 2019 “No es justicia” .

Este informe revela que en 47% de los casos no valoraron las situaciones de violencia que se advertían de manera explícita en el relato de las mujeres; en 70% de las resoluciones las pruebas ofrecidas por las partes no se valoraron con perspectiva de género y 84% de las sentencias no logran explicar sus argumentos, incluso cuando dicen haber juzgado con esta perspectiva.

Además, deja ver que pese a esfuerzos estatales en asignación de presupuesto, capacitación y creación de instrumentos políticos, 80% de los juzgadores analizaron casos de violencia de manera aislada, y no como parte de una problemática de discriminación por género.

Cuando las mujeres denunciamos ponemos nuestra vida en manos del patriarcado, de un Estado cómplice, incapaz de llevar a cabo un abordaje integral e intersectorial de las denuncias y en ausencia total de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

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Están tan naturalizados estos vicios dentro del sistema que las nuevas estrategias nacionales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias basadas en el género siguen careciendo de un enfoque integrador; y la seguridad es abordada como un valor y no como un derecho humano.

En los casos de mujeres víctimas de violencias se debe pensar y garantizar la seguridad integral conforme lo marcan las leyes, contemplando aspectos humanos, legales, sociales, educativos, económicos, laborales, habitacionales, de protección, ciudadanía y técnicos de todos los riesgos que pueden afectar a las mujeres en una sociedad machista con tintes de alienación patriarcal por parte de las instancias responsables de garantizar y proteger sus derechos humanos.

La ausencia del enfoque de seguridad integral y del acceso a la impartición de justicia real y expedita, constituyen, hoy por hoy, la principal barrera para el ejercicio de los derechos de las mujeres, perpetúa violencias estructurales que traen por resultado el aumento de casos de violencias machistas, feminicidios e impunidad.

Urge transitar de un estado patriarcal a un estado de derecho donde la seguridad integral de todas las mujeres sea prioridad, eliminar criminalización del aborto, el acoso, abuso sexual, desigualdad laboral, violencia familiar, entre otras.

Se necesitan acciones que exijan a funcionarios/as cumplir con su obligación de brindar un trato igualitario y libre de discriminaciones garantizando la dignidad humana, los derechos y libertades de todas las mujeres.

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Nota del editor: la autora es Directora general de la Red Nacional de Refugios A.C. Un espacio compuesto por más de 60 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.