Entre el oportunismo y la irresponsabilidad: la política de las medidas extremas

En el caso estadounidense, el motivo fue la revelación de una llamada telefónica en la que Trump solicitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que investigara los negocios en ese país de un hijo de Joe Biden, el aspirante con mayor probabilidad de convertirse en el candidato demócrata para la presidencia en las elecciones de 2020. El hecho, susceptible de ser interpretado como una invitación a un gobierno extranjero para intervenir en la contienda electoral estadounidense, proporcionando información potencialmente perjudicial contra un adversario político, podría configurarse como causal para remover al presidente según lo previsto en el artículo 2º, sección 4ª, de la Constitución de Estados Unidos (1789).

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En el caso mexicano, el motivo que alegaron los panistas para proponer la declaratoria de desaparición de poderes en Veracruz fue la separación temporal del cargo y el posterior giro de una orden de aprehensión contra el fiscal de estado, Jorge Winckler, quien ha sostenido una abierta pugna con el gobernador morenista Cuitláhuac García. Al día siguiente, en obvia represalia, los morenistas presentaron una solicitud para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato con motivo de la incapacidad de sus respectivos gobiernos para hacer frente a la violencia que impera en dichos estados. Ni una ni otra tentativa tienen mucho fundamento legal, pues en estricto sentido no parecen actualizar las causales previstas en el artículo 2º de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 de la Constitución Mexicana (1978). O si los legisladores consideran que las actualizan, sea por el abuso de poder de un gobernador o por la incapacidad de las autoridades estatales para hacer frente a la violencia, entonces estarían obligados a considerar la desaparición de poderes en muchos otros estados, no nada más en esos tres.

En México, durante la vigencia de la Constitución de 1917, se han ejecutado declaratorias de desaparición de poderes en un total de 47 ocasiones: 83% de ellas entre 1920 y 1938 (es decir, durante la larga Revolución Mexicana), y el 17% restante entre 1941 y 1975. La última vez fue durante el sexenio de Luis Echeverría, en Hidalgo, como resultado de un enfrentamiento entre el presidente y el exgobernador Manuel Sánchez Vite. Según Manuel González Oropeza (de cuyo libro La intervención federal en la desaparición de poderes tomo estos datos), “la práctica de [la] desaparición de poderes ha sido nefasta para el sistema federal mexicano”: muy pocas veces se ha activado de acuerdo con la premisa constitucional de genuina acefalia de poderes en los estados, y más bien se ha utilizado como un instrumento autoritario de control del centro sobre la política local.

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En Estados Unidos los demócratas tienen el motivo, mas no los votos. En México los morenistas y sus aliados no tienen los votos ni el motivo (los panistas tampoco). Lo más probable, por tanto, es que ni aquí ni allá prosperen formalmente estos esfuerzos, pero no deja de ser un comentario sobre el estado de la democracia en ambos países que mecanismos extremos de salvaguarda constitucional figuren de pronto en el repertorio de alternativas disponibles para los actores políticos. Para los demócratas consiste en una maniobra oportunista en el contexto de la temporada electoral: cerrar filas, animar a sus bases, exhibir a su adversario y ponerlo a la defensiva. Para los panistas es una malograda patada de ahogados. Y para los morenistas se trata de un alarde irresponsable desde su nueva posición de poder: no nos busquen porque, en una de esas, nos encuentran.

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