Uno de los retos más grandes será impulsar el desarrollo de las policías estatales y municipales. Ante la ola de violencia, impera la improvisación en el ámbito local. En los mejores casos, se gestiona el problema; en algunos otros, se sobrelleva una realidad que se percibe irremediable; en los peores, se pacta con el crimen organizado... en el extremo, acaso, unos optan por estrategias de exterminio que, con su eficacia, recogen aceptación.
Será de suma importancia no perpetuar los incentivos para transferir la responsabilidad a la federación y crear un entorno que favorezca la construcción de estrategias locales institucionales y sustentables en el largo plazo.
Faltan también protocolos claros. Pareciera, incluso, que los mismos cuerpos policiales no saben cómo hacer uso legítimo de la fuerza del Estado. Tampoco se percibe que se entienda cabalmente el concepto de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Asimismo, se deberá esclarecer la lógica de mando, sobre la que aún hay ambigüedades.
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En los últimos meses, el país ha sido testigo de escenas que no abonan a dar certeza al proyecto en ciernes: ciudadanos que agreden a soldados, policías uniformados y armados que bloquean calles, expresiones del Presidente sobre deseos de que nadie esté en la cárcel e intenciones de desaparecer al Ejército...
También la Presidencia es contradictoria con señalamientos sobre la libertad de todos para manifestarse, pero la deslegitimación pública de la causa de los policías, combinada con la máxima presidencial de que “no se reprimirá al pueblo”. ¿Y si “el pueblo” que protesta está armado? Estas declaraciones podrían generar confusión en la operación de las fuerzas policiales o el sistema de procuración de justicia.