Sin una estrategia clara, han prevalecido inercias en la respuesta federal. Por ello, hoy en día existen policías militarizadas, estructuras militares ejerciendo funciones de policías, policías privadas que quieren hacer negocio, ocurrencias de gobernadores –con una lógica electoral– para atender la emergencia, gobiernos que pactan con el crimen organizado, bandos públicos articulados alrededor de personas y no de instituciones e, incluso, regiones enteras controladas por organizaciones criminales... Estructuras endebles esperando el colapso. Lo que no hay son esfuerzos serios para profesionalizar la seguridad. Se trata de una lógica política, reactiva y de supervivencia. ¡Sálvese quien pueda!
Pero el problema no sólo está del lado del gobierno: tampoco hay una ciudadanía crítica que exija claridad de rumbo ni partidos políticos interesados en debatir y proponer soluciones. Más aún, el ciudadano es clave para la sustentabilidad de las organizaciones criminales, pues respalda actividades como el robo de hidrocarburos o el tráfico de migrantes, con lo que permite la diversificación de los negocios del crimen organizado. Así, bajo un marco de políticas públicas insuficientes, se ha construido el escenario actual: una cultura de la ilegalidad en la que las actividades delictivas tienen legitimidad y son parte de la vida cotidiana.
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En este contexto, entre la ciudadanía crece el atractivo de pedir protección de organizaciones distintas a las del Estado. De ahí la proliferación, por ejemplo, de empresas de seguridad privada, pero también de autodefensas y grupos criminales: prosperan ante una demanda que los cuerpos policiales no han podido satisfacer.
Las perspectivas de mayores ganancias en organizaciones –lícitas o no– que realizan funciones de seguridad fuera del gobierno, también inciden en contra del mejoramiento de las estructuras policiales formales.
¿En dónde más encuentran oportunidad los generales retirados que no tienen trabajo o los oficiales jóvenes que se retiran presionados por sus necesidades financieras? ¿A dónde recurre la juventud mexicana sin empleo? ¿Quién, fuera del gobierno, ofrece oportunidades a personal con experiencia en labores de seguridad?