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#ColumnaInvitada | La construcción de la Guardia Nacional (1)

Hoy no hay esfuerzos serios para profesionalizar la seguridad en el país, solo se trata de una lógica política, reactiva y de supervivencia, escribe Jorge E. Tello Peón.
mié 28 agosto 2019 11:29 AM
Jorge Tello Peón
Presidente y Director General de Madison Inteligencia México.

En México hay una crisis de seguridad, pero ¿cómo llegamos a ella? La situación actual no es más que el resultado natural de la evolución de las tendencias delictivas a nivel global –con el consumo de drogas en Estados Unidos como pivote– y de las decisiones domésticas de política pública de las últimas tres décadas.

Una mirada a la historia da cuenta de lo que ha caracterizado a los esfuerzos federales para atender el fenómeno delictivo: constantes cambios guiados por una lógica política y la desatención de un proyecto que debió ser transexenal. Cuando se ha apostado por fortalecer a la Policía Federal y ello se ha combinado con colaboración decidida desde los gobiernos estatales, los resultados han sido mejores. Sin embargo, los casos de éxito más emblemáticos han derivado de iniciativas muy particulares y acotadas –con un papel destacado de la comunidad, organizada a través de la IP– que han logrado generar una visión de Estado. Pero los buenos resultados suelen traer consigo la tentación de desatender el tema y canalizar recursos a otros rubros, lo que revela que la importancia de un proyecto de seguridad de largo plazo no ha permeado como debería.

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Sin una estrategia clara, han prevalecido inercias en la respuesta federal. Por ello, hoy en día existen policías militarizadas, estructuras militares ejerciendo funciones de policías, policías privadas que quieren hacer negocio, ocurrencias de gobernadores –con una lógica electoral– para atender la emergencia, gobiernos que pactan con el crimen organizado, bandos públicos articulados alrededor de personas y no de instituciones e, incluso, regiones enteras controladas por organizaciones criminales... Estructuras endebles esperando el colapso. Lo que no hay son esfuerzos serios para profesionalizar la seguridad. Se trata de una lógica política, reactiva y de supervivencia. ¡Sálvese quien pueda!

Pero el problema no sólo está del lado del gobierno: tampoco hay una ciudadanía crítica que exija claridad de rumbo ni partidos políticos interesados en debatir y proponer soluciones. Más aún, el ciudadano es clave para la sustentabilidad de las organizaciones criminales, pues respalda actividades como el robo de hidrocarburos o el tráfico de migrantes, con lo que permite la diversificación de los negocios del crimen organizado. Así, bajo un marco de políticas públicas insuficientes, se ha construido el escenario actual: una cultura de la ilegalidad en la que las actividades delictivas tienen legitimidad y son parte de la vida cotidiana.

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En este contexto, entre la ciudadanía crece el atractivo de pedir protección de organizaciones distintas a las del Estado. De ahí la proliferación, por ejemplo, de empresas de seguridad privada, pero también de autodefensas y grupos criminales: prosperan ante una demanda que los cuerpos policiales no han podido satisfacer.

Las perspectivas de mayores ganancias en organizaciones –lícitas o no– que realizan funciones de seguridad fuera del gobierno, también inciden en contra del mejoramiento de las estructuras policiales formales.

¿En dónde más encuentran oportunidad los generales retirados que no tienen trabajo o los oficiales jóvenes que se retiran presionados por sus necesidades financieras? ¿A dónde recurre la juventud mexicana sin empleo? ¿Quién, fuera del gobierno, ofrece oportunidades a personal con experiencia en labores de seguridad?

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Los riesgos ante la consolidación de negocios ilícitos del crimen organizado son, quizá, más evidentes; pero no se deben dejar de lado las consecuencias de la actividad de organizaciones privadas de seguridad, cuya supletoriedad abona al abandono de los esfuerzos por fortalecer a los cuerpos policiales del Estado. En este sentido, existen áreas de oportunidad en las policías auxiliares; podrían ser de gran utilidad para dar atención especial a quien lo requiera y pague por ello. Más aun, contar con policías auxiliares profesionales aumentaría la capacidad institucional en casos de emergencia.

Para que esto sea posible, sin embargo, será necesario contar con reglas que no permitan casos extremos como el uso que se llegó a dar del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) por toda la República. Para algunos, estas organizaciones podrían parecer competencia desleal, pero en tiempos de urgencia, parecería mejor opción que las policías privadas que, al no estar sujetas a un marco normativo claro, corren el riesgo de desvíos que deriven, incluso, en la generación de guardias blancas.

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Sin tener claridad de conceptos y de diagnóstico, el uso indiscriminado de recursos en herramientas sofisticadas o cuestiones accesorias, así como la delegación de tareas policiales a organizaciones privadas, no contribuyen a crear una cultura de seguridad, a la profesionalización del sector o al mejoramiento de las condiciones de seguridad. En muchos casos, esto sólo sirve para que algunos hagan grandes negocios.

Mientras la seguridad pública siga siendo un “oficio” para la gente sin opciones “de abajo”, y un gran “negocio” para los oportunistas “de arriba”, las perspectivas no serán alentadoras".

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  • Artículo en colaboración con Alejandra S. Soto Plascencia y Sofía Navarro Boysen, analistas de Madison Inteligencia Mexico.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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