Entonces, aquí empiezan las dudas: ¿por qué la Fiscalía decide imputar a la líder criminal si no tiene evidencia aún sobre toda la red de corrupción? ¿Por qué le hacen el favor de restringir los hechos a una simple falta de verificación de cumplimiento de los contratos y no así a la investigación de los hechos completos de la maquinación de corrupción?
Además, ¿por qué, a diferencia de otros casos, le invitan a ir amablemente a una audiencia en lugar de solicitar una orden de aprehensión, como ha sucedido en otros casos cuando existe el riesgo de que se fugue? ¿Por qué envían a dos fiscales con un mínimo de conocimiento y preparación sobre el caso y que tuvieron que dar lectura durante toda la audiencia en lugar de exponer el caso adecuadamente? ¿Por qué la dejan que se vaya sin ninguna medida cautelar, cuando se han empeñado en decir que necesitan incluso modificar la Constitución para que los delincuentes que se roban un espejo de coche no entren y salgan de la cárcel, pero a los que roban más de 5 mil millones de pesos los dejan ir por la puerta grande sin ningún reparo?
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Esta historia no es nueva y se veía venir desde hace mucho tiempo. Por ello el 18 de septiembre de 2018 ante la ineficacia que se vislumbraba en el caso de “La Estafa Maestra”, TOJIL y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentaron una denuncia por los hechos hoy motivo de la audiencia . Esta denuncia derivó precisamente en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, investigación con la que el día de ayer se le imputaron estos cargos a Rosario Robles.
Sin embargo, esta denuncia tenía varias particularidades, la primera es que se le acusaba no solo a ella, sino a todos los servidores públicos involucrados, empresas y representantes de empresas vinculados en toda la red criminal, se plantearon en la teoría del caso los delitos de cohecho y ejercicio abusivo de funciones (el cual es de prisión preventiva oficiosa) y se pedían una serie de actos de investigación para realmente esclarecer los hechos.