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Once años de las mismas políticas de seguridad

Peña y AMLO prometieron transformar la política de seguridad, aunque el primero no marcó una diferencia, y con el actual presidente tampoco hay una evidencia de cambio, opina Francisco Rivas.
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mar 18 junio 2019 05:45 AM

Enrique Peña y Andrés López llegaron a la Presidencia en 2012 y 2018, respectivamente, en gran medida, gracias a la promesa de una transformación en la política de seguridad.

Cada uno de ellos prometió políticas de prevención por encima de la reacción, restablecer la paz, atacar los factores que han producido esta inseguridad en la que hoy vivimos, al tiempo que prometían una fractura con el pasado.

Pese a este principio común, la narrativa del Plan Nacional de Desarrollo de cada uno de ellos, los estilos personales e incluso, las expectativas que encarnan para la población son muy diferentes. Sin embargo, más allá de los discursos, el gobierno del presidente Peña no marcó ninguna diferencia en la estrategia con su antecesor, así como hasta el momento no hay evidencia de un cambio respecto a lo hecho en los últimos 12 años.

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Pese a la confrontación entre exmandatarios y el actual presidente, Peña y López han reproducido una política de reacción, un proceso de militarización de la seguridad, un desinterés por combatir la corrupción y disminuir la impunidad, un desprecio por los derechos humanos y las personas desaparecidas, como en resumidas cuentas fue el sexenio de Calderón.

Esto es observable en los hechos: Policía Federal, Ejército y Marina siguen en las calles. Al no haber política de prevención, nuestros gobiernos han actuado una vez que estallan las diversas crisis y una vez consumado el delito, la probabilidad de sanciones a los culpables, atención a las víctimas y reparación del daño, es casi nula.

La reproducción de acciones es aún más observable en la manera en la que el Estado destina recursos a la seguridad y justicia.

El 11 de junio, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presentamos el estudio Gasto Público en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos, en el que se precisa y detalladamente se explica cuánto, en qué y con qué resultados hemos gastado los recursos de seguridad desde 2008 a 2019, y con qué precriterios se definieron para 2020.

Los hallazgos muestran un crecimiento importante del gasto total de seguridad y justicia al inicio del sexenio de Calderón, que llega a estabilizarse a la mitad de su mandato en aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto (PIB), y de ahí se reduce paulatinamente hasta llegar al 0.96% en este sexenio.

Lee: El gobierno de Peña usó las cifras de seguridad a conveniencia, señala el ONC

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Para poner en contexto, el resto de los países que integran la OCDE gastan en esta materia entre 1.7% y 3% de su PIB, y ninguno de ellos enfrenta una crisis del tamaño de la de México en materia de violencia, incidencia delictiva e inseguridad.

En los 11 años analizados, el gasto en seguridad ha estado marcado por la definición de más de 100 programas. No obstante, sólo seis han recibido el 90% de los recursos, lo que en muchos casos ha hecho inoperantes los demás programas.

Pese a los discursos sobre enfocar y privilegiar los esfuerzos del Estado en prevención, tanto Calderón como Peña y López han destinado cerca de 14% del total de los recursos al tema, y el resto se ha repartido en reacción y administración de justicia.

En 11 años, el gasto destinado a la promoción y protección de los derechos se ha mantenido en el 0.01% del PIB.

En este mismo periodo, el objetivo de la prevención del delito ha incluido 34 programas, sin embargo, el 90% de los recursos ha sido destinado a operativos policiales.

El objetivo de combate al crimen (reacción) incluye 28 programas. De estos, el presupuesto se concentra en aproximadamente 84% para Fuerzas Armadas; cerca del 12% a la coordinación de la seguridad pública, y apenas 4% en combate a la corrupción. Los otros programas no llegan ni siquiera a un punto porcentual.

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Para perseguir los objetivos de procuración y administración de justicia, así como de reinserción social, los tres últimos gobiernos han definido 44 programas, aunque sean tres los que reciben el 83% de los recursos.

La mayor parte de los programas, no muestran una relación entre su definición y el indicador de resultado, en particular, los rubros destinados a Fuerzas Armadas ni siquiera cuentan con elementos de evaluación.

Es así como una primera conclusión nos lleva a afirmar que, del dinero que hemos gastado de 2008 a 2019 no tenemos evidencias de eficiencia y eficacia para mejorar las condiciones de seguridad y justicia del país.

Por otro lado, preocupa la reducción del gasto, precisamente el único gran diferencial entre López, Peña y Calderón es la política de recortes drásticos que ha emprendido la actual administración.

Para 2019 se destinaron a seguridad 239,317 millones de pesos, lo que en total significa 11% menos respecto a 2018.

Esto implicó recortes principalmente en los programas que recibían menos dinero, ya que se redujo en 27% el gasto en prevención del delito; 33% menos en antisecuestro; casi 50% menos en desaparición de personas; se redujo 14% el gasto en procuración de justicia y 30% las aportaciones a entidades y municipios para la seguridad local. En materia de combate al crimen, la reducción fue de 10%.

De los precriterios para 2020, sorprende que los recursos previstos para la Guardia Nacional (GN) son 15,486 millones de pesos, lo que apenas equivale al 60% de lo que se destinó este 2019 a la Policía Federal. Con ellos es cuestionable que la GN logre desarrollarse en una institución capaz, eficaz y cohesionada, diferente a lo que ha sucedido en los últimos 12 años con Policía Federal, Ejército y Marina en las calles.

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Si los mexicanos hemos votado por el cambio en las últimas dos elecciones, estrategias y presupuestos en seguridad nos muestran que seguimos haciendo, una y otra vez más, lo mismo, pero con cada vez menos dinero.

Gasto Público en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos explica por qué no contamos con suficientes policías, peritos, ministerios públicos, defensores de oficio, patrullas, armas, tecnología; por qué la capacitación que cada uno recibe es incipiente o poco efectiva; por qué carecemos de procesos, manuales, protocolos o por qué cuando existen, los funcionarios no los conocen o simplemente no los pueden implementar; por qué el delito, la impunidad y la corrupción siguen creciendo pese a los discursos y alegatos de los gobiernos.

En el ONC reconocemos y agradecemos la gran aportación del CIEP para elaborar este análisis, y en ambas organizaciones insistimos en que este documento debe servir para entender que, si queremos dejar de simular, debemos gastar más y mejor, evaluar y rendir cuentas y priorizar sobre la base de evidencias.

Estamos a tiempo para que el presupuesto 2020 encarne el cambio que los mexicanos votamos una y otra vez, y que sólo ha sido real en la narrativa. A México le urge recuperar la paz y sólo a través de un plan bien armado, una política criminal e instituciones sólidas y suficientes lo podremos lograr.

Nota del editor: Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

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