Para perseguir los objetivos de procuración y administración de justicia, así como de reinserción social, los tres últimos gobiernos han definido 44 programas, aunque sean tres los que reciben el 83% de los recursos.
La mayor parte de los programas, no muestran una relación entre su definición y el indicador de resultado, en particular, los rubros destinados a Fuerzas Armadas ni siquiera cuentan con elementos de evaluación.
Es así como una primera conclusión nos lleva a afirmar que, del dinero que hemos gastado de 2008 a 2019 no tenemos evidencias de eficiencia y eficacia para mejorar las condiciones de seguridad y justicia del país.
Por otro lado, preocupa la reducción del gasto, precisamente el único gran diferencial entre López, Peña y Calderón es la política de recortes drásticos que ha emprendido la actual administración.
Para 2019 se destinaron a seguridad 239,317 millones de pesos, lo que en total significa 11% menos respecto a 2018.
Esto implicó recortes principalmente en los programas que recibían menos dinero, ya que se redujo en 27% el gasto en prevención del delito; 33% menos en antisecuestro; casi 50% menos en desaparición de personas; se redujo 14% el gasto en procuración de justicia y 30% las aportaciones a entidades y municipios para la seguridad local. En materia de combate al crimen, la reducción fue de 10%.
De los precriterios para 2020, sorprende que los recursos previstos para la Guardia Nacional (GN) son 15,486 millones de pesos, lo que apenas equivale al 60% de lo que se destinó este 2019 a la Policía Federal. Con ellos es cuestionable que la GN logre desarrollarse en una institución capaz, eficaz y cohesionada, diferente a lo que ha sucedido en los últimos 12 años con Policía Federal, Ejército y Marina en las calles.
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Si los mexicanos hemos votado por el cambio en las últimas dos elecciones, estrategias y presupuestos en seguridad nos muestran que seguimos haciendo, una y otra vez más, lo mismo, pero con cada vez menos dinero.
Gasto Público en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos explica por qué no contamos con suficientes policías, peritos, ministerios públicos, defensores de oficio, patrullas, armas, tecnología; por qué la capacitación que cada uno recibe es incipiente o poco efectiva; por qué carecemos de procesos, manuales, protocolos o por qué cuando existen, los funcionarios no los conocen o simplemente no los pueden implementar; por qué el delito, la impunidad y la corrupción siguen creciendo pese a los discursos y alegatos de los gobiernos.
En el ONC reconocemos y agradecemos la gran aportación del CIEP para elaborar este análisis, y en ambas organizaciones insistimos en que este documento debe servir para entender que, si queremos dejar de simular, debemos gastar más y mejor, evaluar y rendir cuentas y priorizar sobre la base de evidencias.
Estamos a tiempo para que el presupuesto 2020 encarne el cambio que los mexicanos votamos una y otra vez, y que sólo ha sido real en la narrativa. A México le urge recuperar la paz y sólo a través de un plan bien armado, una política criminal e instituciones sólidas y suficientes lo podremos lograr.
Nota del editor: Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
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