Frente a este panorama y aunado a que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública la absorberá eventualmente la Guardia Nacional, el ONC y el CIEP destacaron que es crucial desarrollar un sistema de evaluación del desempeño como una parte fundamental de la rendición de cuentas. También advirtieron que, aunque algunos recortes presupuestarios puedan justificarse por los excesos, en el corto plazo pueden comprometer la consecución de los objetivos de política previstos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Los expertos también destacaron la necesidad de diseñar líneas de acción en esta materia que vayan más allá de la función policial y apuesten más a la prevención del delito.
Villarreal y Rivas también plantearon dudas en cuanto al presupuesto de la Guardia Nacional, sobre todo en el contexto de que el gobierno enviará a la frontera sur del país a 6,000 elementos para cumplir con los compromisos hechos con Estados Unidos para detener el flujo de migrantes centroamericanos.
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"No tenemos idea de dónde salen recursos de presupuesto para la Guardia Nacional, eventualmente son recursos que tenía la Policía Federal pero no hay transparencia en el gasto o las transferencias", dijo Rivas.
El director del OCN apuntó que la Guardia Nacional preocupa porque entre sus competencias están delitos del fuero común y ahora también una función de contención de la migración, por lo que se hace necesario repensar el gasto para 2020.
