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Prevención e impartición de justicia, las "olvidadas" del presupuesto: expertos

La actual administración federal continúa privilegiando el enfoque reactivo en seguridad pública sobre el preventivo, señalaron el CIEP y el ONC al presentar un estudio en la materia.
mié 12 junio 2019 12:30 AM
ruta del gasto público seguridad
En conferencia de prensa. Ambas organizaciones hablaron ante la prensa este martes.
Expansión Política
@ExpPolitica

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión Política).- El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) alertaron de que el gasto público aplicado por el gobierno federal para atender la inseguridad en el país ha dejado a un lado la prevención e impartición de justicia, por lo que "no refleja un verdadero cambio de la política de seguridad implementada por la Federación".

Al presentar los resultados del estudio Gasto público en seguridad: una mirada a la ruta de los recursos, el director general del ONC, Francisco Rivas, acompañado del director general del CIEP, Héctor Villarreal, resaltó que "el gran olvidado" del presupuesto ha sido el rubro de la procuración de justicia, que en este sexenio tuvo un recorte de 30% respecto de 2018.

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¿Cuánto y cómo es el gasto de México destinado a seguridad?

Según apuntaron los expertos, el gasto que México aplica en seguridad es uno que no atiende las necesidades del país ni la crisis de inseguridad. Por ello, "el discurso (del gobierno federal) no corresponde con las decisiones tomadas", dijo Rivas.

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El informe presentado por el CIEP y el ONC apunta lo siguiente:

  • El gasto en seguridad pública históricamente no ha superado el 1 % del PIB, en promedio, un monto 33% menor que el promedio de la OCDE.
  • En 2019, el gasto público en seguridad es de 239,319 millones de pesos, con un recorte de 14.3% respecto de 2018.
  • De este presupuesto, 70% es destinado a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública e impartición de justicia, reclusión y readaptación, mientras que sólo 1.5% se destina a prevención del delito y atención a los derechos humanos.
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Frente a este panorama y aunado a que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública la absorberá eventualmente la Guardia Nacional, el ONC y el CIEP destacaron que es crucial desarrollar un sistema de evaluación del desempeño como una parte fundamental de la rendición de cuentas. También advirtieron que, aunque algunos recortes presupuestarios puedan justificarse por los excesos, en el corto plazo pueden comprometer la consecución de los objetivos de política previstos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los expertos también destacaron la necesidad de diseñar líneas de acción en esta materia que vayan más allá de la función policial y apuesten más a la prevención del delito.

Villarreal y Rivas también plantearon dudas en cuanto al presupuesto de la Guardia Nacional, sobre todo en el contexto de que el gobierno enviará a la frontera sur del país a 6,000 elementos para cumplir con los compromisos hechos con Estados Unidos para detener el flujo de migrantes centroamericanos.

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"No tenemos idea de dónde salen recursos de presupuesto para la Guardia Nacional, eventualmente son recursos que tenía la Policía Federal pero no hay transparencia en el gasto o las transferencias", dijo Rivas.

El director del OCN apuntó que la Guardia Nacional preocupa porque entre sus competencias están delitos del fuero común y ahora también una función de contención de la migración, por lo que se hace necesario repensar el gasto para 2020.

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