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Ley contra comida procesada de Oaxaca se queda en el limbo a 6 meses de aprobada

Organizaciones civiles señalaron que Oaxaca se quedó atorado tras la aprobación de la ley contra alimentos chatarra, pues no hay acciones contundentes por parte del gobierno para volverla realidad.
vie 05 febrero 2021 06:00 AM
ley antichatarra
Adiós a las papitas a la hora de la salida, si la reforma es avalada en la Cámara de Diputados.

Este viernes se cumplen seis meses de la histórica aprobación de la ley que prohíbe la venta de alimentos y bebidas ultraprocesadas a menores de edad en el estado de Oaxaca, pero ¿qué se ha hecho desde entonces?

Diez organizaciones civiles, como la Red por los Derechos de la Infancia, Consorcio Oaxaca y El Poder del Consumidor, así como la diputada local Magaly López Domínguez, impulsora de esta ley, señalan que no hay ninguna acción contundente por parte del gobierno estatal para garantizar la salud y el sano de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

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El 5 de agosto de 2020, el Congreso de Oaxaca aprobó reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad.

Con esto, Oaxaca se convirtió en la primera entidad en prohibir la venta de alimentos ultraprocesados a menores de edad, dejando a los padres de familia la responsabilidad de lo que consuman sus hijos.

Esta prohibición fue aplaudida desde la sociedad civil. Incluso, la legislación motivó a otros gobiernos y congresos estatales, como Tabasco y la Ciudad de México, a discutir propuestas similares.

La llamada "ley antichatarra" de Oaxaca, que entró en vigor el 4 de septiembre de 2020, se avaló en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, enfermedad que ha afectado principalmente a personas con padecimientos como obesidad y diabetes, entre otros.

Sin embargo, ante la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno de Oaxaca para dar cumplimiento a la ley, desde la sociedad civil se impulsó la estrategia "Por el derecho a una alimentación sana y nutritiva", que recién entró a su segunda fase de acción.

En conferencia de prensa, mujeres que forman parte de esta iniciativa urgieron al gobierno de Oaxaca iniciar sus propias acciones, al Congreso del estado que se ponga un presupuesto específico para este fin y a la Secretaría de Salud local a que se plantee cómo se piensa la estrategia a largo plazo.

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"Lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de acción contundente por parte del Ejecutivo del estado, que es el responsable de echar a andar las políticas públicas. Tampoco tenemos claridad, y esta es una pregunta hacia el Congreso del estado, de cuánto dinero se destinó para la política pública para que esta reforma se pueda colocar", señaló Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca.

La activista consideró que, sin lugar a dudas, la aprobación de la ley fue un acierto, pero se ha dejado de lado la segunda parte, que es la implementación de las políticas públicas de manera urgente.

"El estado no se puede mantener al margen de esta necesidad, porque estamos en tiempos de pandemia: las economías locales necesitan reforzarse, hay desnutrición crónica en hasta 1 millón de niños en zonas rurales, y esto puede llevar a desarrollar enfermedades no transmisibles, como la diabetes, que los hacen vulnerables al SARS-CoV-2", agregó.

La diputada local Magaly López (Morena), quien presentó al Congreso de Oaxaca la "ley antichatarra", coincide en que el Ejecutivo estatal no ha hecho nada para implementar políticas públicas en esta materia.

"No hay voluntad por parte del Ejecutivo del estado de Oaxaca. El gobernador (Alejandro Murat) tiene que instruir al secretario de salud, que es el encargo de implementar y aplicar la adición a la ley para prohibir la venta de estos productos a menores de edad. No vemos esa voluntad que debe tener el gobierno para implementar esta ley", expresó la legisladora en entrevista con Expansión Política.

López Domínguez señala que, tras la aprobación de la ley, el gobierno de Oaxaca solo ha emitido un spot "esporádico" en radio. No ha sido capaz, dice, de establecer comunicación con los 570 municipios, o por lo menos de repartir en las tiendas letreros en los que se establezca que está prohibida la venta de productos chatarra, envasados o de alto contenido calórico a los menores.

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La legisladora menciona que, ante esta negativa, desde el Congreso local ha lanzado exhortos al Ejecutivo sobre la urgencia de alertar a la población de los riesgos que conlleva consumir alimentos chatarra.

"Inclusive, antes de que en enero de este año Donato Casas saliera de la Secretaría de Salud, lo estuve invitando para que tuviéramos videoconferencias o reuniones, pero siempre me dio largas argumentando el tema de la pandemia", narra.

Respecto al presupuesto, Magaly López indica que la Secretaría de Salud siempre ha tenido recursos "holgados", pero quienes están al frente, acusa, hacen un mal uso. En este sentido, enfatiza que la dependencia tiene el dinero suficiente para implementar campañas nutricionales en favor de las niñas, niños y adolescentes, en todas las comunidades y en las 16 lenguas indígenas que persisten en Oaxaca.

"Para la implementación de las políticas públicas, el tema del presupuesto no debe ser un pretexto, porque ellos (Secretaría de Salud) ya tienen un presupuesto, y no es de ahora que se les pide hacer estas campañas, es desde 2015, cuando entró en vigor Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ellos tienen que cumplir la ley y no lo han hecho", lamenta.

Magaly López enfatiza la urgencia de implementar las políticas públicas, especialmente por cuatro aspectos: los más vulnerables ante la pandemia son quienes padecen enfermedades no transmisibles; los empresarios mantienen su "campaña de desprestigio" a la ley; en medio de la crisis, debe priorizarse a los productos locales; y Oaxaca sigue siendo, a nivel nacional, el primer lugar en obesidad en adultos y el segundo en obesidad infantil.

Queremos que el secretario de Salud informe qué es lo que están haciendo, qué medidas van a implementar, qué estrategia tienen para hacer efectiva esta ley.
Magaly López Domínguez

Comida chatarra y riesgo de mortalidad

Investigadores de México, España y Estados Unidos presentaron esta semana estudios que demuestran que hay relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de mortalidad.

En un foro de la Alianza por la Salud Alimentaria, la doctora Maira Bes-Rastrollo, de la Universidad de Navarra, España, indicó que hasta ahora la evidencia solo asociaba el consumo de alimentos chatarra con enfermedades no transmisibles.

Pero un nuevo estudio, dijo, arroja que si la ingesta de estos alimentos es de cinco a 10 en un día, el riesgo de mortalidad aumenta en 18%.

La doctora Hyunju Kim, de la Universidad de Hopkins, presentó más resultados que arrojan que los adultos con mayor riesgo de mortalidad son aquellos con alto consumo de ultraprocesados, aun cuando no padezcan ninguna enfermedad crónica.

En tanto, Joaquín Marrón, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, expuso que el 30% de la ingesta en México es de alimentos ultraprocesados. Además, detalló que nivel socioeconómico es el que más consume este tipo de productos:

  • La clase alta (33.7%).
  • La media (31.3%).
  • La baja (23.2%).

Y por regiones, la norte es la que tiene el mayor consumo, quizás por estar cerca de EU, que es el país líder en este tipo de alimentación; le sigue la región centro y al final, la región sur.

Los especialistas coincidieron en que la norma del etiquetado claro, que entró en vigor en octubre de 2020 y cuyas modificaciones se siguen realizando al inicio de este año, es un primer paso para revertir la ingesta de la comida chatarra, pero no debe ser el único.

"Tenemos una oportunidad grande de revertir el alto consumo de ultraprocesados en nuestro país. Debemos seguir apostando por políticas públicas de salud", dijo Marrón.

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