“Si es aprobada la reforma, el presidente ya ganó, pero si no es aprobada, también ya ganó. ¿Por qué? Porque la propuesta va a ser utilizada por aquellas personas que sí comulgan con el presidente López Obrador, van a ser ocupadas, precisamente, para que sigan fustigando a este poder y, en su momento, incluso hasta generar pérdida de confianza en el Poder Judicial”, sostiene José Perdomo Galicia, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
El lunes el presidente López Obrador puso fin a la especulación sobre cuáles serían los cambios que impulsaría para reformar al Poder Judicial, al cual ha criticado al señalarlo de ser un “bastión del conservadurismo” y "estar vinculado a la oligarquía que solo defiende intereses de un grupo".
El mandatario federal envió a la Cámara de Diputados una propuesta para reformar 16 artículos de la Constitución que contempla, además, de la reducción de ministros, la elección de éstos por voto ciudadano, un límite a su sueldo y una disminución al tiempo para ocupar el cargo, entre otros.
Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que la propuesta del presidente López Obrador deja claro que es un tipo de venganza hacia ese poder.
"Parecerían 'vendettas' personales del presidente López Obrador, el tema del salario, las remuneraciones, el tema de que quién controla a los controladores, quién vigila a los vigilantes, crear un consejo diferente de la Suprema Corte, reducir el número de ministros. Si reduces el número sería mucho más fácil tener una mayoría afín a quien te ha nombrado", destaca.
No logró subordinación
Los expertos consultados por Expansión Política consideran que el presidente López Obrador está interviniendo en el Poder Judicial porque éste no se ha subordinado al Ejecutivo Federal.
“Es un ataque directo, y es en base a que no he encontrado eco en ellos, ni la sumisión en ellos, ni la participación en sus proyectos, pero no tienen por qué hacerlo.
José Perdomo Galicia, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
"El Poder Judicial no tiene por qué compartir la misma forma de pensar del Ejecutivo, la obligación del Judicial es el respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes secundarias, y a todo nuestro sistema legal que existe en nuestro país. Esa es su obligación, independientemente de que si, o si termina siendo, simpático o no simpático, o favorable o desfavorable a las intenciones de un Poder Ejecutivo”, agrega el experto de la Universidad La Salle.
Natalia Calero, directora del programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, explica que la propuesta del presidente atenta contra la división de poderes, pues es una intervención del Ejecutivo al Judicial.
“La división de poderes requiere necesariamente de que estos estén diferenciados y que haya no solo balances, sino pesos y contrapesos. Ninguno puede ser superior al otro... Por supuesto, esto no quiere decir que no haya áreas de mejora en el Poder Judicial actualmente, pero no se van a lograr con la votación de sus integrantes. Y al contrario, la votación lo que hará es que justamente tengan que responder a intereses particulares de ciudadanas y de ciudadanos. Ese es el peor de los mundos”, destaca.
