En su conferencia de prensa, la presidenta explicó que desde que su gobierno inició y se nombró a Mauricio Pazarán como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa, hay cuatro nuevas líneas de investigación.
Afirmó que en su gobierno se decidió dejar atrás el modelo enfocado en "testigos" y priorizar el análisis tecnológico, la inteligencia y las pruebas científicas para avanzar en la investigación de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre.
Una de esas nuevas líneas de investigación, explicó, indica que integrantes de la agrupación Guerreros Unidos sostuvo llamadas telefónicas con personal de la Funeraria El Ángel, cuyo propietario también era concesionario del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.
Esa línea de investigación es relevante porque se fortalece la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados ahí con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.
"Toda la familia de la funeraria está detenida y el médico está detenido. Y siguen las investigaciones de quién dio esas autorizaciones de funerarias y un Semefo que actuaban con completa irregularidad, absoluta irregularidad. Tanto que incluso, imagínense, había en el propio lugar sin determinar restos de personas", detalló.
Otra línea de investigación, anotó, apunta a que equipos celulares de los estudiantes fueron utilizados semanas después de su desaparición (26 de septiembre de 2014).
Por ejemplo, el teléfono del normalista Jorge Antonio Tizapa fue usado presuntamente por parte del exservidor público de Iguala, Mauro “N”, y el de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, presuntamente usado por un policía el 30 de septiembre de 2014.