A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de familia, estudiantes y colectivos 'tomaron" el centro histórico de la Ciudad de México en exigencia de justicia, saber qué sucedió con los jóvenes y ubicar su paradero.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los jóvenes fueron vistos por última vez en Iguala, Guerrero. Hoy familiares y colectivos se marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.
La movilización forma parte de la Jornada por Ayotzinapa, convocada del 21 al 27 de septiembre.
Este sábado, por lo pronto, transcurre con la presencia de padres de los normalistas desparecidos, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de la que eran estudiantes, colectivos de búsqueda, organizaciones sociales e integrantes del llamado “bloque negro”.
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de #Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, desde la @SEGOB_mx reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes. Nadie está por encima de la ley. 🇲🇽 @Claudiashein
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 26, 2026
La exigencia es conocer la verdad, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este lunes 28 de septiembre se darán a conocer avances de las investigaciones y detenciones relacionadas con el caso.
Horas antes de que iniciara la marcha la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, publicó un breve mensaje en su cuenta personal de X, en la que sostuvo que la dependencia sostiene un compromiso con los padres y madres de los normalistas para alcanzar la verdad.
La secretaria de Estado recalcó que las indagatorias continuarán su curso y que “nadie se encuentra por encima de la ley”.
La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala un grupo de normalistas se trasladaban en autobuses rumbo a una protesta.
Uno de ellos fue interceptado y atacado por policías municipales, estatales y miembros del crimen organizado. El saldo reconocido fue de seis personas fallecidas, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
En ese momento se acusó a autoridades del municipio de Iguala, se han añadido elementos que confirman, según las autoridades, que hubo complicidad u omisión de autoridades municipales y policiales de ese ayuntamiento y de Cocula, además de participación de elementos del Ejército, además de grupos criminales como Los Rojos.
Hasta hoy hay más de 150 detenidos, entre ellas mandos policiales, militares y funcionarios. La más reciente es la del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, señalado de presuntamente haber conocido evidencias de los hechos y haber instruido su destrucción.
El gobierno federal actual ha reconocido que se cometió un crimen de Estado y descartó la llamada "verdad histórica" del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo se han descalificado peritajes forenses de expertos internacionales, se ha liberado a detenidos que confesaron su participación, y algunas instancias de derechos humanos han establecido la participación de elementos militares.
Pero durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador se aseguró la no responsabilidad de integrantes del Ejército.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también deslindó a militares apenas en julio de este año, ya en la administración de Sheinbaum.
Durante años las investigaciones se han paralizado, pero el 27 de agosto autoridades federales expusieron a familiares avances.
Ahí se fijaron cuatro rutas prioritarias: realizar nuevas detenciones, analizar comunicaciones telefónicas y revisar hechos y actores del caso.
La estrategia se dirige a intensificar las labores de búsqueda en terreno e impulsar gestiones internacionales para concretar extradiciones pendientes, entre ellas las de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien se encuentra en Tel Aviv, Israel.
Las autoridades mexicanas lo reclaman por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por su lado, la Fiscalía General de la República (FGR) concretó un nuevo análisis sobre las actuaciones del expediente para expandir las investigaciones y se espera que el lunes se reporten avances.
