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Desabasto de medicinas: inhabilitan a funcionarios de Salud que permitieron que caducaran medicamentos

''Pese a conocer la existencia de medicamentos con fechas próximas a caducar, permitieron que se caducaran'', dijo la Secretaría Anticorrupción sobre los funcionarios.
Un cajón con medicamentos de una institución de salud pública.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, los funcionarios sancionados del Subcomité de Abasto del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” sabían que el medicamento estaba por caducar. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 47 funcionarios públicos y a una empresa, entre ellos a personal del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”.

La institución, a cargo de Raquel Buenrostro, informó que las sanciones incluyen a servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública, del Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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Las sanciones impuestas por la Secretaría creada en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años para ejercer cargos públicos, así como multas económicas por 4.6 millones de pesos.

En la Secretaría de Salud se sancionó funcionarios del Subcomité de Abasto del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” debido a que permitieron la caducidad de medicamentos. Al director del Subcomité, Jaime “N”, se le destituyó del cargo e inhabilitó por seis meses y a otros cuatro funcionarios se les inhabilitó entre tres y cinco meses.

“No cumplieron con las funciones encomendadas, ya que pese a conocer la existencia de medicamentos con fechas próximas a caducar, permitieron que se caducaran, ocasionando su desabasto y afectaciones en la atención médica”, informó la Secretaría.


En el del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” una servidora pública fue suspendida por tres días debido a que no cuidó la información confidencial que tenía bajo su resguardo, con lo que se permitió su divulgación.

“Proporcionó el expediente clínico y el nombre de un paciente a una persona que no estaba autorizada para conocer esa información”, informó la Secretaría.

En el sector salud, también se inhabilitó por un año a cuatro funcionarias del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, debido a que no realizaron un diagnóstico oportuno de una hemorragia cerebral a un paciente, lo que evitó que pudiera ser tratado. El enfermo falleció.

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Además, fueron suspendidos por 30 días cinco integrantes de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Dirección de Administración porque durante los años 2019 y 2020 no revisaron la documentación necesaria para que se pudieran realizar procedimientos de contratación pública.

Sanciones por 4 millones de pesos

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se inhabilitó por cuatro años e impuso una sanción económica de 3.1 millones de pesos, a la empresa "D". debido a que durante 2021 presentó facturas de vehículos alteradas para simular el cumplimiento de requisitos en una licitación de servicios de transporte.

Además se inhabilitó por 10 años e impuso una sanción económica de 253,000 pesos a una funcionaria porque en 2019 no solicitó los documentos necesarios para defender diversos juicios, lo que ocasionó que no se pudiera recuperar un crédito fiscal por un monto de 253,000 pesos.

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En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se suspendió por 10 días a un funcionario de la oficina de Hermosillo debido a que en 2024 impuso a un establecimiento dos multas por 25,000 sin la presencia de dos testigos, lo que ocasionó que se dejara sin efectos esas sanciones.

En la Guardia Nacional se destituyó del cargo a cinco de sus elementos debido a que entregaron copia de sus certificados de estudios, presuntamente emitidos por la Secretaría de Educación Pública, que no era válidos.

Mientras que en Petróleos Mexicanos fue inhabilitado un servidor público integrante de la Gerencia de Servicios y de Logística Marina en Tamaulipas, por realizar conductas verbales, físicas y visuales respecto a la apariencia física y de connotación sexual de una persona que trabajaba para una empresa proveedora de la petrolera.

En el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se destituyó del cargo e inhabilitó por seis meses a tres funcionarios del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia “Casa Cuna Coyoacán” en la Ciudad de México, debido al maltrato físico y psicológico de dos menores.

Aunque las sanciones se impusieron conforme a la ley, la Secretaría Anticorrupción informó que los servidores públicos y la empresa sancionados pueden buscar revertir la resolución.

“Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.

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