El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció a los “servidores de la nación” y a otros funcionarios de la Secretaría del Bienestar al considerar que quebrantaron el principio de imparcialidad con el uso indebido de los recursos públicos.
Las tarjetas bancarias fueron entregadas durante el periodo de transición e inicio del mandato de López Obrador, de julio a noviembre de 2018 y de diciembre de 2018 a mayo de 2019.
La denuncia se hizo en contra de María Luisa Albores, entonces titular de la Secretaría de Bienestar; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal; delegados Estatales y Coordinadores Regionales de Programas para el Desarrollo y de los “servidores de la nación”.
En su oportunidad, la Sala Especializada determinó que los involucrados violentaron la prohibición de utilizar la propaganda gubernamental y los recursos públicos para posicionar el nombre e imagen de otro servidor público (AMLO), como está previsto en el artículo 134 de la Constitución Política.
Por ello, atribuyó responsabilidades a tres servidores públicos que cometieron los actos y los difundieron en las redes sociales. Sin embargo, inconforme con ello, el PRD presentó un recurso de revisión ante la Sala Superior en el que solicitó sanciones para el Ejecutivo Federal.
También contra otras personas involucradas, las cuales no fueron sancionadas debido a que, en el lugar donde presuntamente se cometió el ilícito, no había un proceso electoral en curso.