Sin embargo, no solo las municiones experimentaron una caída en los decomisos. También se redujeron las incautaciones de cartuchos, receptores, miras y chalecos antibalas. En cambio, solo en la categoría de partes de armas se observó un incremento en los decomisos: pasó de 9,232 a 10,993.
El poder de fuego del crimen supera al de las autoridades
El armamento producido y comercializado en Estados Unidos fortalece al crimen organizado en México. En varios episodios de violencia, los delincuentes demuestran su superioridad en términos de poder de fuego. Uno de los ejemplos más notorios fue el atentado en contra del entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en el que se utilizaron fusiles Barrett, armas de alto calibre utilizadas frecuentemente por los cárteles.
Otro incidente significativo fue el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, cuando miembros del Cártel de Sinaloa también emplearon fusiles Barrett para evitar que uno de los "Chapitos" fuera detenido.
Desigualdad en el equipamiento policial
En México, las fuerzas de seguridad se enfrentan a un crimen organizado mejor equipado. Mientras los delincuentes disponen de fusiles Barrett, ametralladoras, AK-47, R-15 y granadas, los policías mexicanos suelen contar con armas semiautomáticas de menor calibre, como pistolas .45 o 9 mm. Este desfase en el armamento se convierte en una grave preocupación para las autoridades.
Antes de ser asesinado, el alcalde Carlos Manzo señaló esta desigualdad de poder de fuego como un reflejo del colapso del Estado de derecho en el país: “En un país como México, lo único que refleja es un Estado fallido y que se le da ventajas a la delincuencia para que actúen en contra de la gente que quiere hacer bien su trabajo y en contra de la ciudadanía”.
