Como AMLO, la presidenta Sheinbaum deja su seguridad en manos de civiles

Tras el incidente en el que la presidenta fue víctima de acoso mientras caminaba por el Centro Histórico, expertos consideran que es necesario analizar el esquema de seguridad.

"En otros países, quizá, pudiéramos decir que se exagera en la manera cómo se protege a quienes ejercen el gobierno, pero en México llegó un punto en el que quizá estamos en el extremo, en el pensar que la presidenta Sheinbaum no requiere de un equipo de seguridad, y eso puede tener consecuencias muy severas", explica Javier Rosiles, analista político de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH).

En el mundo, la seguridad de los presidentes suele estar en manos de grupos especializados. Por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cuida el Servicio Secreto, el cual tiene entre sus funciones preservar la continuidad del gobierno y garantizar la seguridad en eventos de importancia nacional protegiendo al presidente y al vicepresidente, a sus familias, a los jefes de estado/gobierno visitantes y a otras personas designadas.

Al presidente de Rusia, Vladimir Putin, se le vigila las 24 horas del día. Su resguardo está a cargo del Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia, coordinado por el Servicio Federal de Protección (FSO). Se trata de hombres vestidos de negro que se dividen en círculos de protección. Algunos son guardaespaldas, otros pasan desapercibidos entre el público y otros más son francotiradores.

Un modelo distinto de seguridad

Antes de llegar a la Presidencia, López Obrador anunció que eliminaría el Estado Mayor Presidencial, que por décadas se encargó de la seguridad personal del jefe del Ejecutivo federal por considerar que su operación era onerosa.

Así, el entonces mandaario creó un grupo llamado Ayudantía y su seguridad quedó a cargo de civiles, encabezados por Daniel Asaf Manjarrez, amigo de los hijos el expresidente. Hoy diputado federal de Morena.

Esto ya se había implementado antes, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces surgió un grupo de seguridad similar, pero con el nombre de “Gacelas”.

Antes de su desaparición, los presidentes de México eran asistidos y cuidados por miembros del Estado Mayor presidencial, cuyas facultades estaban establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales.

“El Presidente de la República dispondrá de un Estado Mayor Presidencial, órgano técnico militar que lo auxiliará en la obtención de información general; planificará sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y participará en la ejecución de actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando su cumplimiento”, decía el artículo 15 de esa ley.

De acuerdo con el reglamento del Estado Mayor Presidencial , entre las funciones estaban garantizar la seguridad del presidente, de su familia, de los Mandatarios y funcionarios extranjeros que visitaran el país, además de cuidar a los expresidentes de la República. Además, también asistían a los presidentes en el desarrollo de sus actividades y las de su esposa.

Otra de sus tareas era garantizar la seguridad de las instalaciones presidenciales.

El expresidente López Obrador justificó su decisión de desaparecer este cuerpo de seguridad con el argumento de que el Estado Mayor Presidencial era caro y lujoso.

“Eran mil para la administración de las oficinas de Presidencia, los gastos, oficina, y dos mil adicionales, no de sueldo, porque ellos cobraban en la Secretaría de la Defensa; dos mil para el Estado Mayor Presidencial”, dijo en agosto de 2019, cerca de cumplir su primer año de gobierno.

Seguridad: cara, pero necesaria

El Estado Mayor Presidencial sí tenía un área de inteligencia, dice Raúl Benítez-Manaut, académico de la UNAM. A sus ojos, este mecanismo fue disuelto por López Obrador de “manera apresurada” y “sin valoración”. Sobre todo, advierte, sin sustituirlo por otro que fuera eficaz.

Reconoce que el mantenimiento del Estado Mayor Presidencial era costoso y que alcanzó un nivel de integrantes exagerado, con hasta 8,000 elementos disponibles para la seguridad del presidente, secretarios de Estado, gobernadores e invitados especiales.

No obstante, el especialista subraya que era un equipo entrenado. Se conformaba de un cuerpo civil-militar, algo poco frecuente en la mayoría de países, donde la seguridad presidencial es especializada.

“El Estado Mayor Presidencial sí era caro, sí era un aparato costoso, pero muchas veces es mejor gastar de más que lamentar después”, afirma.

Además, considera que se pudieron hacer cambios en el Estado Mayor Presidencial. Quizá disminuir su tamaño y costo. Hasta 2018, último año de su operación, alcanzó un presupuesto público aprobado de 398.5 millones de pesos.

Benítez-Manaut detalla que se pudo haber reducido la corporación y solo dejar elementos para la seguridad de la presidente y su núcleo familiar.

"Lo urgente es resguardar de mejor manera la seguridad de Sheinbaum porque los tiempos lo ameritan. Las amenazas a la Presidencia de México son muchas, el país está asolado por el crimen organizado y la presidenta y algunos ministros, como el de Seguridad, Defensa, Marina, están tomando responsabilidades muy importantes de ataque a las organizaciones criminales y deben de tomarse más en serio que pueden ser atacados”, advierte el experto en seguridad.

La Ayudantía de Sheinbaum

Al llegar a la presidencia de la República, Sheinbaum optó por mantener la Ayudantía como el cuerpo encargado de su seguridad.

En sus actividades y recorridos por el país, ese grupo de ciudadanos acompaña a la presidenta, le abren paso entre las multitudes y reciben peticiones de la ciudadanía.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, la Ayudantía se integra por 20 civiles, cuya jefatura está a cargo de Juan José Ramírez Mendoza.

El responsable de la seguridad de la presidenta es hermano de Sebastián Ramírez, exlíder de Morena en la ciudad de México y actual director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Juan José Ramírez Mendoza tiene un sueldo bruto de 184,004 pesos mensuales. Los directores de área de la Ayudantía perciben un sueldo mensual bruto de 93,510 pesos, y los subdirectores, 64,854 pesos.

Tras el episodio donde se vulneró la seguridad de la figura presidencial, la titular del Ejecutivo informó que no cambiará su seguridad.

Falta cuerpo de inteligencia

Para analistas como Javier Rosiles, el episodio de presidenta Sheinbaum en el Centro Histórico, debe hacer que se replantee su seguridad.

"Se entiende como narrativa política esta idea de la cercanía con la gente y hemos visto ya en muchos mítines esta idea de Claudia Sheinbaum acercándose a las personas, tomándose selfies, pero este último acontecimiento debe llamar la atención", dice.

Un mecanismo de seguridad presidencial eficiente no depende únicamente de la cantidad de personas que lo integren, sino de su experiencia y capacidad, explica Raúl Benítez-Manaut, miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

Es más importante contar con perfiles altamente profesionales, entrenados en protección personal y, sobre todo, con un aparato de inteligencia.

Con esa preparación, Sheinbaum no tendría que sacrificar su cercanía con el pueblo, porque su equipo estaría calificado para identificar riesgos, decidir en qué zonas puede acercarse a la gente, a qué distancia, y en qué momentos es mejor no hacerlo.

Sobre todo, el equipo estaría preparado para protegerla y responder ante cualquier eventualidad, detalla Benítez-Manaut, quien resalta que la Ayudantía no cumple con esos parámetros y esto es "muy peligroso en las circunstancias actuales, con la violencia del crimen organizado y los asesinatos de políticos".

El investigador ilustra el riesgo de estas carencias con un escenario extremo sobre el hombre que acosó a la presidenta: “¿Si el que la agredió hubiera ido con un arma blanca o una pistola?”.

Por eso, subraya, casi todos los jefes de Estado del mundo cuentan con un equipo profesional, que analiza la cantidad de elementos destinados a su protección en cada evento, las posibles amenazas, respuestas y la gestión e identificación de los asistentes.

“Ellos evalúan en qué actos sí deben tener mucha seguridad, en qué actos no, y cómo deben ser protegidos”, explica.

La inteligencia es fundamental, coincide Alberto Capella, exsecretario de Seguridad de Tijuana. En un análisis sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, subraya que es un elemento clave porque ningún equipo de seguridad es infalible.

Da ejemplos: los ataques al presidente estadounidense Kennedy y al activista republicano Michael Kirk, o el atentado contra el propio Donald Trump en un acto de su campaña presidencial de 2024. Todos tenían protección.

El disparo a Trump lo alcanzo a pesar del despliegue de agentes, que se estiman en unos 300, aunque no todos lo acompañan siempre. El alcalde Manzo fue asesinado aunque contaba con al menos 14 elementos de protección federal.