¿Qué cambios se proponen?
Las reformas enviadas al Legislativo son la parte complementaria a la reforma que se publicó el 9 de octubre sobre la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión.
Coordinación: La iniciativa propone que haya coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para establecer un tipo penal básico en materia de extorsión.
“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio”, informó.
Al respecto, detalló que se busca coordinación en todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal, así como las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales para el combate de extorsión en centros penitenciarios.
Sin denuncia: La propuesta plantea que la extorsión sea un delito que se persiga de oficio, y en el que no es necesario que se interponga ninguna denuncia.
Penas: Las sanciones para quienes cometan el delito de extorsión se plantean de seis a 15 años, las cuales se determinarán si se presentan algunas agravantes como si fue a través de cobro de piso, si las víctimas son personas migrantes, si quienes extorsionan son servidores públicos o si se efectúan desde centros penitenciarios.