En su conferencia matutina, la presidenta pidió proyectar el contenido del artículo 16 de la Constitución para aclarar que las comunicaciones privadas son inviolables.
“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”, leyó.
Exclusivamente, agregó la presidenta, la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
La presidenta explicó que el Código de Procedimientos Penales plantea que solamente puede haber una intervención o una localización de GPS, bajo orden judicial, a menos que se trate de un desaparecido o de un secuestro.
La iniciativa causó polémica porque establece que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales. Además, cualquier omisión o desacato será sancionado por la autoridad.