Omar García Harfuch justificó el envío de los 29 delincuentes a Estados Unidos en que había posibilidades de que algunos fueran liberados.
"El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años", planteó el secretario.
Expuso que algunos de los 29 “generadores de violencia” eran requeridos por Estados Unidos desde hace 40 años, y otros más desde hace 11.
En un Estado de Derecho “lo conducente es acudir a las instancias correspondientes”, respondió la Judicatura a la que consideró una insinuación de que las decisiones judiciales han sido incorrectas y para favorecer a los criminales.
El Consejo de la Judicatura recordó que toda resolución que toma alguno de los juzgadores “es susceptible de ser impugnada por los canales que la propia ley establece”.
Además, en breve comunicado, refrendó “ su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho”.
Este nuevo diferendo entre el gobierno federal y el Poder Judicial, ahora por la “expulsión“ de 29 objetivos criminales buscados por Estados Unidos, se suma a los constantes choques que sostuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con los ministros de la Corte.