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#ColumnaInvitada | Narcogobierno en la mira

La administración de Trump ha abierto la puerta a intervenciones más directas en territorio mexicano, bajo la premisa de combatir el crimen organizado con la misma intensidad que el terrorismo global.
lun 17 febrero 2025 06:00 AM
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Estados Unidos ha puesto a México en la mira, al tiempo que nos amenaza con una pistola arancelaria. La Casa Blanca ha denunciado, con base en informes de inteligencia, la complicidad de funcionarios mexicanos con el crimen organizado, apunta Jorge Triana.

La virtual inclusión de cinco cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos marca un punto de inflexión en la política de seguridad bilateral. Con esta medida, la administración de Trump ha abierto la puerta a intervenciones más directas en territorio mexicano, bajo la premisa de combatir el crimen organizado con la misma intensidad que el terrorismo global.

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Los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Cártel del Noroeste y Cárteles Unidos de Guerrero han sido señalados como objetivos prioritarios. La implicación de esta designación es clara: el gobierno estadounidense podría tomar acciones unilaterales, incluidos operativos militares selectivos, bajo el argumento de salvaguardar su seguridad nacional.

Esta decisión, insinuada desde la administración Biden y anunciada por Trump durante su campaña electoral, expone una realidad incómoda para el gobierno de Claudia Sheinbaum: su administración y la de su antecesor, López Obrador, no solo han sido omisas en el combate al crimen organizado con su estrategia de "abrazos, no balazos", sino que sus vínculos con los grupos criminales han sido cada vez más evidentes. No es casualidad que las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en México se hayan intensificado en las últimas semanas. Solo en Sinaloa, en los últimos 10 días, se han registrado 18 operaciones de espionaje aéreo y marítimo de Estados Unidos, según reportes filtrados a CNN.

Y es que la "pax narca" impulsada por el gobierno de López Obrador permitió la expansión del crimen organizado a niveles alarmantes. El expresidente optó por eludir su responsabilidad, permitiendo que los grupos delictivos controlen hoy estados como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas, Guerrero y Chiapas. La impunidad se ha convertido en norma y la protección a los narcopolíticos se ha institucionalizado. Los datos son claros: la tasa de homicidios sigue en niveles históricos, el tráfico de fentanilo se ha disparado y la violencia ha alcanzado un punto en el que ciertas regiones del país son tierra de nadie.

Estados Unidos ha puesto a México en la mira, al tiempo que nos amenaza con una pistola arancelaria. La Casa Blanca ha denunciado, con base en informes de inteligencia, la complicidad de funcionarios mexicanos con el crimen organizado. Los cárteles han penetrado el sistema político y electoral, influyendo en la designación de alcaldes, gobernadores y legisladores. Ante estos hechos, Claudia Sheinbaum ha respondido con una indignación artificial y patriotera, pero sin acciones reales para resolver la crisis que heredó de su jefe político.

Hasta ahora, Sheinbaum ha mantenido la misma línea que su antecesor: negar la crisis, defender a aliados incómodos como Rocha Moya y seguir la estrategia de minimizar la violencia para no enfrentar al narco. Los operativos recientes se han limitado a la captura de narcotraficantes de bajo perfil y a la incautación de droga que jamás es exhibida públicamente.

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Sheinbaum está entre la espada y la pared: debe decidir entre construir el segundo piso del desastre de la política de seguridad de "abrazos, no balazos" o cambiar de estrategia para enfrentar con energía al crimen organizado, lo que implicaría exhibir el fracaso del gobierno de su mentor. Cualquier camino que elija tendrá consecuencias tanto en la política interior como en la relación de su gobierno con el de Estados Unidos.

Los señalamientos directos de Estados Unidos sobre la existencia de un narcogobierno han colocado a nuestro país como un Estado débil. No se trata solo de la presión de Trump; se trata de la seguridad de millones de ciudadanos que han sido abandonados a su suerte. La estrategia de "abrazos, no balazos" ha naufragado y debe ser enterrada formalmente. El país necesita un liderazgo firme que enfrente a los cárteles y recupere el control del territorio. Lo contrario es seguir llenando la piñata de dulces para que Trump la siga apaleando.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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