“Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”, añade en un comunicado.
Ello, luego de que el pasado 28 de abril de 2023, entre “albazos”, Morena y partidos aliados avalaron diversas reformas entre ellas, para asignar a la Defensa Nacional (Sedena) ingresos por turismo extranjero, la extinción de la Financiera Rural, una nueva Ley de Humanidades y la referida Ley fentanilo, entre otras.
La Consejería Jurídica confió que la SCJN actúe imparcialmente y tome en cuenta las conductas antidemocráticas de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado de la República avaló de forma legítima y, en consecuencia, debe reconocer la validez del decreto impugnado.
Desde el comunicado de la dependencia se hace hincapié en que, declarar la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias.
En el texto, expresa que la minoría legislativa (PAN, PRI, PRD y MC) reconoce tácitamente la constitucionalidad de la reforma impugnada, ya que en su demanda presentada ante la Corte no hacen valer concepto de invalidez alguno en contra de los preceptos modificados.
